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  • El ICAB ha realizado 3.544 designaciones de letrado o letrada para víctimas de violencia de género, en los diez primeros meses del año, lo que supone un incremento del 4,82% sobre el 2018
  • El ICAB considera fundamental que las mujeres estén asistidas por profesionales de la Abogacía desde el momento previo a la interposición de la denuncia
  • Desde la abogacía barcelonesa se considera esencial mejorar la evaluación del riesgo para poder adoptar las medidas de protección más adecuadas a cada situación para las víctimas de violencia de género
  • Es necesario incorporar el Convenio de Estambul al ordenamiento jurídico español y promover la formación especializada y con perspectiva de género entre todos los profesionales que intervienen en procedimientos de violencia de género
  • El ICAB recuerda que las víctimas de violencia de género están amparadas por la Justicia Gratuita

Con motivo del "Día Internacional para la eliminación de la violencia de género", que se conmemora cada 25 de noviembre, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ​​Mª Eugènia Gay, la diputada de la Junta de Gobierno responsable del Turno de Oficio, Carmen Valenzuela, y otros miembros de la Junta de Gobierno, junto con representantes de la Comisión de Mujeres Abogadas, encabezadas por su presidenta, Teresa Blasi, entre otras personas, se han concentrado en el ICAB, luciendo un lazo lila, para mostrar su más absoluto compromiso en la lucha contra esta lacra social.

Ante el incremento constante de víctimas mortales por violencia de género -que ya supera en lo que va de año el medio centenar y el hecho de que ha habido más de 1.000 mujeres asesinadas desde 2003, según los datos publicados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a fecha de 4 de noviembre- el ICAB considera que la abogacía, como garante histórico y custodio de las libertades públicas y de los derechos humanos, ha de ser un motor para combatir una injusticia que se proyecta sobre la mitad de la población del planeta y que revela la existencia de grandes desigualdades estructurales entre hombres y mujeres.

Por ello desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se ha querido resaltar la importancia del acompañamiento y de la asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género en el momento previo a la interposición de la denuncia para garantizar que aquella reciba una información completa de los derechos que le asisten desde el principio, así como un acompañamiento adecuado a lo largo de todo el procedimiento que las ampare, también, emocionalmente.

En el marco del acto reivindicativo celebrado en el ICAB se ha destacado que en los 10 primeros meses de 2019 se han realizado 3.544 designaciones de letrado o letrada para víctimas de violencia de género en el área de influencia del ICAB (Arenys de Mar, Badalona, ​​Barcelona, ​​Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú). Esta cifra supone un incremento del 4,82%, ya que durante el mismo período de 2018 se realizaron un total de 3.381 designas. Cabe destacar que el número de designas por violencia de género en el Turno de Oficio del ICAB incrementa año tras año; entre el año 2014 y hasta el 2018 este incremento es del 16,85%. Estas actuaciones han sido realizadas por los 1.156 abogados y abogadas que actualmente están inscritos en el Turno de Oficio del ICAB y que han realizado un curso en la materia para poder llevar la defensa de estos asuntos.  

Del total de designaciones realizadas en lo que va de año, en un 14,64% el letrado o letrada ha realizado la primera asistencia en sede policial, lo que supone un ligero aumento respecto al año 2018 (en el que únicamente un 13,22% acudieron a comisaría acompañadas por abogados o abogadas del turno de oficio del ICAB).

Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se ha hecho hincapié en el hecho que las víctimas de violencia de género están amparadas por la Justicia Gratuita. Cabe recordar, que la designación del turno de oficio para una víctima de VIGE incluye todos los procedimiento penales o civiles que se tramiten ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer durante los dos años de vigencia de la designa, en los que la interesada tendrá siempre designado el mismo profesional. 

Respecto a las designaciones sobre ‘investigados’ o detenidos por violencia de género, hasta el final del mes de octubre, se realizaron un total de 6.032, lo que supone un incremento de un 2,08% sobre el mismo periodo año 2018, en el que se materializaron un total de 5.909 designaciones.

En relación a las víctimas de VIGE en el ámbito territorial del ICAB, se ha ampliado el perfil de víctimas entre el colectivo de mujeres refugiadas, transgénero y víctimas de trata.

Sobre el perfil de las víctimas de VIGE en España, según los datos publicados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a fecha de 4 de noviembre, el 58,80% son mujeres de nacionalidad española que convivían con el agresor (en un 64,70%) de los casos. De estas solo el 21%es decir 11 de las 51, había interpuesto denuncia previa y en 5 de los casos en que constaba la denuncia previa se habían solicitado medidas de protección y en 4 de las situaciones, las medidas de protección eran vigentes y fueron quebrantadas. En una de las situaciones, las medidas de protección no eran vigentes. Por ello, desde la abogacía barcelonesa se considera esencial mejorar la evaluación del riesgo para poder adoptar las medidas de protección más adecuadas a cada situación para las víctimas de violencia de género.

Según los datos de la Delegación de Gobierno para la violencia de Género de 30 de septiembre de 2019, en Catalunya el porcentaje de órdenes de protección versus las denuncias presentadas es del 25,31%, muy lejos del 36,97% de Ceuta, que encabeza la lista de todas las Comunidades Autónomas, o los 35,87% de Extremadura o el 32% de La Rioja, que están en segunda y tercera posición.

A raíz de esta situación, el ICAB considera urgente que exista un Pacto de Estado sobre la violencia de género (VIGE) para que se pueda unificar el tratamiento que se ofrece a las víctimas y evitar las diferencias entre Comunidades Autónomas existentes actualmente. 

Según los datos del primer trimestre de 2019 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, el 40,53% de los procedimientos judiciales abiertos finalizan en sobreseimiento provisional o libre, lo que representa una disminución de más de un 6% respecto al año anterior.

Hay que hacer mención también a la puesta en marcha durante el mes de febrero de este año del Observatorio Catalán de la Justicia en violencia machista, donde los colegios de la abogacía de Cataluña tienen representación. De acuerdo con los datos del propio Observatorio, en Cataluña, el 11,9% de las víctimas se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo (dato similar a la del año anterior).

Por todo lo citado anteriormente, el ICAB considera necesario incorporar el Convenio de Estambul al ordenamiento jurídico español y promover la formación especializada y con perspectiva de género entre todos los profesionales que intervienen en procedimientos de violencia de género. Estas medidas pueden resultar esenciales para combatir esta lacra social. 

Por su parte, la Comisión de Mujeres Abogadas del ICAB, encabezada por su presidenta, Teresa Blasi, ha leído un Manifiesto, que adjuntamos a la nota de prensa-  para denunciar la violencia contra las mujeres. Reclaman que se ponga en valor la importancia de reconocer a todos y cada uno de los ámbitos en los que pueda tener lugar la violencia machista, de acuerdo con lo establecido en la Ley catalana del 2008, ya que la violencia de género tiene en todos los casos la misma raíz y es necesario combatirlo de forma conjunta. En dicho texto también apelan a la importancia de la formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos para contribuir a una nueva visión del mundo en la que cualquier contacto sexual no deseado sea considerado siempre una agresión y por ello piden la modificación de las leyes que califican de forma diversa las agresiones en función del grado de resistencia de la víctima.




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