El Pleno del Congreso ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos excepto Unidos Podemos y EH Bildu, que se ha abstenido, el informe del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento que contiene 213 medidas consideradas imprescindibles para terminar con esta lacra. La formación morada ha decidido no apoyar este documento al considerar que no hay calendario ni presupuestos que puedan garantizar su ejecución.

El texto incorpora también 18 votos particulares de los partidos, aprobados por mayoría pero que no forman parte del documento unánime, y contará con un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años, a repartir entre Administración Central, comunidades autónomas y ayuntamientos. El Gobierno tiene ahora dos meses para articular el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a partir de este texto y el aprobado de forma unánime por el Senado hace dos semanas.

El debate celebrado en la Cámara Baja ha sido presenciado desde la tribuna de invitados por asociaciones de mujeres y víctimas de violencia. Junto con ellas, estaba Ruth Ortiz, exmujer de José Bretón, quien asesinó a sus hijos como venganza hacia ella. Precisamente, la última medida incorporadas al acuerdo, a instancias del PSOE y apoyada por todos los grupos, es considerar como víctima de violencia de género a las madre cuyos hijos han sido asesinados por sus padres.

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha señalado los avances que este pacto traerá en la lucha contra esta lacra y ha valorado que entre los grupos que han elaborado el documento “hayan primado el acuerdo”. Además, ha ratificado el compromiso del Gobierno de trabajar con los organismos correspondientes para poner en marcha estas medidas en autonomías y municipios. “No vamos a descansar un minuto”, ha declarado Montserrat, que ha calificado el acuerdo de “histórico”.

MÁS DE 900 FALLECIDAS DESDE 2003

Por su parte, la presidenta de la subcomisión creada en el Congreso para lograr este pacto, la diputada socialista Pilar Cancela, ha agradecido el trabajo “ingente” de los miembros de este órgano y ha dado cifras de los que significa la violencia machista en el país: 800 asesinadas desde 2003 (909 hasta la fecha, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género); 37 mujeres y 6 niños asesinados en lo que va de 2017 y más de 134.000 denuncias por maltrato el año pasado.

“Más del 80 por ciento de las mujeres maltratadas nunca lo denunciará”, ha advertido, antes de señalar que es “esperpéntico” que ante estos números aún se hable de conceptos como síndrome de alienación parental o denuncias falsas, “cuando éstas sólo representan el 0,18 por ciento de las interpuestas entre 2009 y 2016, según el Informe de la Fiscalía General del Estado”.

ASESINADAS MENORES DE 35 AÑOS

Las asesinadas en lo que va de año también han estado presentes en la intervención de la portavoz del PP, Carmen Dueñas, quien ha destacado que el 70 por ciento de ellas “no tenía ni 35 años”. En este sentido, ha pedido que se ponga el foco en los jóvenes, un colectivo en el que, a su juicio, se pueden observar comportamientos preocupantes a tenor de varios estudios publicados, que demuestran que las menores consideran normal que sus parejas tengan control sobre sus vidas.

Desde el PSOE, su portavoz en esta materia, Ángeles Álvarez, se ha mostrado “orgullosa” de los logros que se podrán conseguir con este acuerdo y ha anunciado que pedirá habilitar un crédito extraordinario de 200 millones de euros para el próximo año en caso de que retrasen los presupuestos generales del Estado de 2018.

Además, Álvarez ha criticado lo que considera una “irresponsabilidad” por parte de Unidos Podemos. “En este acuerdo no están, ni todos los presupuestos, ni todas las medidas que nosotros queríamos”, ha declarado Álvarez, dirigiéndose a la bancada morada, para señalar que “no cabe abstenerse” ante un acuerdo “beneficioso” para las mujeres.

No ha sido la única en reclamar este cambio de voto. La mayoría de los portavoces han pedido a la formación morada que reconsideraran esta postura. Una petición que, sin embargo, las portavoces en materia de Igualdad del grupo morado, Sofía Fernández Castañón y Ángela Rodríguez, rechazaron.

Ambas han subido a la tribuna para asegurar que su decisión era “crítica y responsable” porque se basa en que el Pacto, aunque “son buenas ideas” que mejorarán la situación, no solucionará un problema que consideran que se encuentra “en la médula de la sociedad”. Rodríguez ha señalado que los 1.000 millones de euros en cinco años prometidos por el Gobierno, tras el reparto a las administraciones, supone unos 2.000 euros por municipio, una cantidad que considera “una vergüenza”.

TRABAS DEL PSOE

Además, ha denunciado que “muchas mujeres se han quedado fuera” y ha nombrado a las pobres, las transexuales o las mujeres con diversidad funcional, así como las violadas. Además, Castañón ha reprochado a los socialistas que no hayan puesto trabas a cualquier punto que supusiera la reformulación de la Ley de Violencia de Género, aprobada por su Gobierno en el años 2004.

En este sentido, también se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes. “Han pasado más de 12 años, hay que modernizarse”, ha declarado la diputada. En su intervención también ha sido muy crítica con la utilización que, a su juicio, algunos partidos han hecho de este pacto, pero ha destacado su enfado con el Gobierno en este mismo sentido y le acusa de haber utilizado el acuerdo para quitar protagonismo a la declaración del presidente Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional por el ‘caso Gürtel’.

La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, y su homóloga de Compromís, Marta Sorlí, también fueron críticas, aunque en este caso por la ausencia de partidos en el acuerdo. La diputada canaria ha lamentado que la formación de estas subcomisiones –con representación de grupos parlamentarios y no de todos los partidos– no le haya permitido participar y aportar lo “mucho que tenía que decir sobre este tema”. Por su parte, Sorlí ha advertido de la importancia que tendrá ahora negociar con autonomías y municipios.

El único portavoz masculino de este debate, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea, ha señalado el respeto al ámbito competencial que tiene este pacto y ha recordado, “con todo el respeto a las mujeres asesinadas”, a “todas las mujeres que padecen el maltrato todos los días de su vida. “Esa oscuridad y esa no visibilización era la que nos decía que teníamos que hacer algo positivo y algo válido para ellas”, ha concluido.