Los órganos judiciales registraron en este periodo un total de 46.327 denuncias, un 10,92 % más que en el mismo trimestre de 2022 y un 2,7 % más que en los tres últimos meses de ese año, conforme al último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.
Para Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio, este aumento del número de víctimas y de denuncias tiene una doble lectura: por un lado, es un dato positivo porque muestra que cada vez en mayor número las víctimas no se callan sino que denuncian, pero, por otro, significa que la violencia de género en España sigue haciendo mucho daño.
Por esta razón, la presidenta del Observatorio insiste en la enorme importancia de la denuncia: “Pone en marcha la maquinaria de la Justicia, que actúa con absoluto respeto de las garantías procesales de todas las partes y que es la única vía de castigar al agresor cuando, tras la celebración de un juicio justo, se demuestra la veracidad de los hechos denunciados”.
Y hace un llamamiento a las instituciones para que se ganen la confianza de todas las víctimas y lograr que pase del actual 70% al 100 % el número de mujeres que denuncian a sus agresores: “Debemos ser capaces de conseguir que todas ellas sientan que dando ese difícil paso que es denunciar a su pareja o ex pareja, están abriendo la puerta a un futuro mejor para ellas y para sus hijas e hijos”.
Según este informe, los órganos judiciales dictaron 14.886 sentencias, de las que 8 de cada 10 (79,56 %) condenaron al agresor y acordaron 11.658 órdenes de protección, el 70,27 % de las solicitadas. Dos de cada tres mujeres (6.436, el 65,2 %) que solicitaron protección eran españolas y un 1,7 % del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.
También aumentó el porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar: fueron un 10,67% del total.
El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2023, se adoptaron 989 medidas de este tipo, un 18,72 % más que hace un año.
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