- La organización internacional aboga por una ley que proteja a los denunciantes de este tipo de situaciones, inexistente en países como España.
Transparencia Internacional apoya y defiende la protección legal de los divulgadores de los documentos “Luxleaks”, Antoine Deltour y Raphae Halet, denunciantes que han revelado las medidas fiscales adoptadas en secreto por las autoridades de Luxemburgo que benefician a cerca de 350 multinacionales, y que van a ser juzgados en un Tribunal de este país por revelación de secretos. El juicio se deriva de una denuncia presentada por PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa en la que ambos denunciantes habían trabajado. Desde esta organización se es consciente que es necesario una mayor protección de denunciantes como Deltour y Halet, ya que juegan un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y otras malas prácticas, y que muy frecuentemente pagan un precio muy alto, siendo procesados o perdiendo sus puestos de trabajo, a pesar de que sus revelaciones informativas sean beneficiosas para el interés público.
Protección a los denunciantes
Demasiados casos abiertos en los que los denunciantes se convierte en perseguidos por la justicia en un ejercicio curioso de justicia garantista en muchas de las situaciones. De ahí que una organización como Transparencia internacional y otras vinculadas por la propia sociedad civil, como Fundación Hay Derecho, reclamen más protección a los denunciantes, personas anónimas que muchas veces se juegan algo más que su prestigio. Desde este escenario, para oportuno que en todos los países haya una ley que proteja a los denunciantes; en España no la hay. En todas las cabezas nuestras está el caso de Ana Garrido, profesional vinculada a un ayuntamiento de Boadilla y que desde que descubrió la trama “Gurtel” su vida ha sido un calvario en estos últimos años. A tal efecto, Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España, manifiesta que “resulta tan necesario como urgente que en España haya una Ley de protección de denunciantes, que pueda proteger a aquellos ciudadanos que se atrevan a denunciar posibles casos de corrupción”. Es por ello que TI-España ha venido proponiendo de forma continuada a los Partidos políticos que promuevan parlamentariamente y aprueben una Ley de protección de denunciantes en nuestro país.
La mayoría de los países europeos no tiene leyes de protección de denunciantes y si la tienen, como en Luxemburgo, son a menudo son inadecuadas. En virtud de la ley de Luxemburgo, Deltour y Halet no se consideran a tal efecto denunciantes, ya que la legislación los circunscribe a los delitos de corrupción. Además, sólo se protege a los denunciantes contra los despidos, no contra los procesamientos legales. Por lo tanto, Luxemburgo debería revisar su marco jurídico a este respecto y homologarlo al resto de legislaciones más avanzadas en este tipo de asuntos.
De una forma similar a los documentos de Panamá, las revelaciones de Deltour y Halet han situado la evasión fiscal corporativa en la agenda pública y han revitalizado los debates sobre la necesaria reforma fiscal internacional. Sus revelaciones han contribuido además al análisis de medidas para luchar contra la evasión fiscal por parte del gobierno de Luxemburgo, la Comisión Europea, la OCDE y el G-20.
A pesar de ello, estos denunciantes se enfrentan concretamente a cargos de robo, a violar las leyes de secreto profesional de Luxemburgo, y al acceso ilegal a una base de datos. Si se les declarase culpables se enfrentarían a una pena de hasta diez años de cárcel y una multa de hasta 1.250.000 €. Cerca de 125.000 personas han firmado una petición en apoyo de estos denunciantes.
Transparencia Internacional aboga por una legislación que proteja las revelaciones confidenciales y anónimas, y la prensa también tiene que ser libre para publicar información de interés público, sin acosos ni sanciones legales. Es por ello que esta organización insta a todos los países a promulgar y hacer cumplir Leyes integrales de protección de denunciantes basadas en estándares internacionales, incluyendo los principios propuestos por la propia Transparencia Internacional y por el Consejo de Europa.
Los gobiernos y las empresas deben apoyar a los denunciantes de irregularidades cuando tales revelaciones salgan a la luz frente a las presiones de muchos lobbies que prefieren que muchas de esas afirmaciones queden ocultas. A este respecto, y como ha pasado en determinadas actividades, donde ha sido un socio colaborador importante, Transparencia Internacional mantiene su actitud de colaboración y su compromiso constructivo con los gobiernos y el sector privado en varios de los frentes relacionados siempre con la lucha contra la corrupción, el auténtico cáncer de esta sociedad en la que vivimos en la última década.
