El día 9 de mayo se celebra el Día de Europa en conmemoración de la histórica “Declaración de Schuman”, considerada como el nacimiento de la Unión Europea tal y como la conocemos.

En la actualidad, la Unión Europea se encuentra en una situación complicada y con desafíos sin precedentes, como la Guerra en Ucrania o la crisis climática. En este contexto, España asumirá la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Durante su Presidencia, España tendrá especial responsabilidad en liderar iniciativas relacionadas con las grandes líneas de trabajo de la Unión: transición ecológica, transformación digital y agenda social.

La influencia e impacto del Derecho Europeo en las vidas de los ciudadanos de los Estados Miembros es incuestionable. Con numerosa y variada legislación, ya sea de aplicación directa o sujeta a transposición, encontramos ejemplos recientes que han tenido un impacto significativo en la vida de los ciudadanos: la regulación de la protección de datos personales o la muy reciente directiva de denunciantes de corrupción que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con un canal de denuncias.

¿Y qué opinan los ciudadanos de esta influencia europea?

Según datos del Eurobarómetro publicados en marzo de 2023, el 76% de los ciudadanos españoles se muestra a favor de que se tomen más decisiones a nivel de la Unión Europea, dato muy por encima de la media europea (57%), y el 82% se muestra a favor de que se establezcan políticas comunes en materia de migración.

Uno de los principales propósitos de la Unión Europea actualmente es mejorar su control de las fronteras exteriores y los flujos migratorios. Con ese fin se han adoptado normas y marcos destinados a gestionar los flujos de migración legal, en particular de trabajadores altamente cualificados, estudiantes e investigadores, trabajadores de temporada y personas aspirantes a la reagrupación familiar. La regulación de los trabajadores altamente cualificados es, sin duda, una de las prioridades de los Estados Miembros para contribuir a la recuperación económica y con ella se persigue atraer y mantener el talento extracomunitario especialmente en sectores con escasez de personal cualificado.

¿Qué novedades esperamos este año derivadas del derecho comunitario en materia migratoria?

Este año la principal novedad que revolucionará la tramitación de permisos para los trabajadores altamente cualificados es la correspondiente a la nueva regulación de la Tarjeta Azul UE, después de que el 7 de octubre de 2021 el Consejo adoptara la nueva Directiva sobre este permiso.

La Tarjeta Azul UE es una autorización de trabajo que permite a los trabajadores altamente cualificados de terceros países residir y trabajar en la Unión Europea. Esta figura se inició con una Directiva adoptada en 2009 que resultó en una aplicación desigual entre los Estados Miembros. La interpretación hecha por el legislador español, por ejemplo, resultó en una figura que prácticamente no se ha usado por requerir la acreditación de la situación nacional de empleo, un trámite difícil y largo, y que perdió su sentido con la aprobación de la autorización de residencia para profesionales altamente cualificados introducida por la Ley 14/2013 de emprendedores.

El objetivo de la nueva regulación, pendiente de transposición en el ordenamiento español, es que la Tarjeta Azul de la UE se convierta en el principal instrumento para atraer a trabajadores altamente cualificados: con procedimientos más rápidos, criterios de admisión más flexibles e inclusivos y derechos más amplios, incluida una movilidad agilizada en el interior de la Unión Europea. Esto es un cambio que resultará muy atractivo para las empresas españolas, puesto que no solo facilitará el acceso a talento extranjero residente en el exterior, sino que simplificará la contratación del que ya reside en la Unión Europea.

En España la Tarjeta Azul UE pasará a regularse en la Ley 14/2013 con el nombre de “Profesional Altamente Cualificado UE”, por lo que la Unidad de Grandes Empresas se encargará de su tramitación, garantizando unos plazos reducidos y competitivos para las empresas españolas. El permiso se concederá por un período igual a la duración del contrato, al que se le añadirán 3 meses, sin que en ningún caso se sobrepase el límite máximo de los 3 años.

No disponemos de una fecha exacta de entrada en vigor en España, pero la Directiva fija como fecha límite de transposición el 18 de noviembre de 2023. Tendremos por lo tanto que seguir atentos porque su entrada en vigor relegará al actual y atractivo trámite de profesionales altamente cualificado a un permiso de ámbito nacional cuya regulación se verá modificada para evitar desigualdades entre trabajadores. Será vital estar al corriente para valorar, caso por caso, cual es la mejor opción para el trabajador y para la empresa.