·         Un informe de junio de 2019de la Comisión revela que el 51% de los 68 barcos de 15 estados supervisados presentan mayor capacidad motora de la registrada

·         “En general, los sistemas nacionales para controlar que no se excede la capacidad motora certificada no están siendo efectivos”, concluye el informe

·         Da la razón a la queja presentada por X en 2015 y reclama a las autoridades españolas que investiguen y provean a la Comisión de datos fiables

·         El informe será debatido en la tarde de este miércoles en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo debate esta tarde el informe de la Comisión Europea sobre el control de la potencia motora de las embarcaciones de pesca de la UE. El informe -del pasado mes de junio- es demoledor: el 51% de las 68 embarcaciones investigadas de 15 estados miembro presentan potencias motoras superiores a las autorizadas. Y en un 16% no se cumplen la regulación de las restricciones de potencia.

Por eso la Comisión concluye que “en general, los sistemas nacionales para controlar que no se excede la capacidad motora certificada no están siendo efectivos”. No funcionan los sistemas de certificación ni de verificación y eso supone una merma en la efectividad de la política pesquera común, denuncia Bruselas.

Y es que aunque se han reducido el número de buques por la política común, se ha incrementado la potencia pesquera real. “En Galicia antes de entrar en la UE estábamos 135 barcos de arrastre con una potencia de 450 caballos; ahora hay 85 con una potencia de 1.300; el resultado es que antes teníamos 60.000 caballos y ahora 100.000”, explica Francisco Pérez Paz, director de Armadora Parleros, que ya mostró su queja ante la Comisión Europea en el 2015.

Esta situación está poniendo en riesgo los caladeros. “En el 86 sacamos 260.000 toneladas de sardinas; ahora apenas llegamos a 60.000. Muchos caladeros, en concreto, la sardina, está próxima al colapso”, lamenta Pérez Paz

De los 68 barcos investigados por la Comisión, 4 son barcos españoles de la costa cantábrica noroeste, Galicia. En los cuatro casos se excede la potencia motora registrada y los excesos van del 53% al 198%. “Es decir, casi el triple de lo certificado”, señala el director de Armadora Parleros, que se muestra satisfecho de que la Comisión reconozca lo denunciado en el 2015.

El dato contrasta con la investigación realizada por las autoridades españolas que señalan que 11 de las 12 embarcaciones supervisadas cumple con la normativa. El informe explica la discordancia entre el informe nacional y el trabajo de campo de la Comisión en que puede que las autoridades españolas avisaran de la inspección dando tiempo a adaptarse o a que los análisis se realizaron con el barco en calma y no en máxima actividad y potencia.

La Comisión concluye que los sistemas de certificación nacionales no funcionan porque en muchos casos se basan en meras declaraciones del fabricante. Por eso proponen controles previos a la certificación como ya se practican en Alemania y Holanda.

También recomiendan la supervisión física y reconocen que sólo España la ha practicado en el período 2012-2017 que ha durado la investigación de la Comisión. Además, proponen un “monitoreo continuo” de los motores eléctricos y reforzar la autoridad y las capacidades de los inspectores. “Esperemos que no se imponga el criterio que ya se está aplicando en el Mediterráneo por el que se decide medir el esfuerzo pesquero por el esfuerzo de hora trabajada”, apunta Pérez Paz.

Desde el despacho Navas & Cusí, especializado en derecho europeo, también esperan que la comparecencia de esta tarde suponga un antes y un después en el “desgobierno” comunitario del asunto pesquero. “El incumplimiento es generalizado y España ha regulado contra el derecho europeo. Por eso presentamos la queja ante la Comisión y ante el Parlamento Europeo en nombre de Armadora Parleros y esperamos que la Comisión sea firme en la aplicación de su normativa y garantice la efectividad del derecho europeo”, concluye Juan Ignacio navas, socio-director de Navas & Cusí