El Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde a una directiva comunitaria para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Una actuación decidida contra estos actos de violencia es esencial para garantizar los valores y derechos fundamentales de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación. Los Estados miembros disponen ahora de 3 años desde la entrada en vigor de la Directiva para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional.

En espera de su publicación en el Boletín Oficial de la Unión en los próximos días, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de abril, con 522 votos a favor, la primera Ley específica de la UE para combatir la violencia de género y doméstica. La Directiva exige leyes más severas contra la ciber violencia a la vez que una asistencia integral y mejorada a las víctimas y medidas de prevención efectiva.

Asimismo, prohíbe la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados y establece un marco de acción específico para los delitos cometidos a través de internet, como el stalking informático, la divulgación de información privada, el cyberflashing o la incitación al odio a través de internet y redes.

La nueva legislación introduce, además, una serie de circunstancias agravantes che conllevan sanciones y penas más severas, como son los delitos cometidos contra figuras públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. Las nuevas agravantes contemplan también la intención de castigar a las víctimas por su género, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas.

La directiva hace hincapié tanto en la prevención como en el castigo más adecuado de estos graves delitos, así como en la seguridad y el bienestar de las víctimas, que deben ser prioritarios, entre otras cosas, mediante el acceso a viviendas tuteladas.

Será obligatorio hacer accesible la asistencia sanitaria, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Las autoridades nacionales tendrán mayores obligaciones de notificación y recopilación de pruebas y deberán concienciar a la población de que las relaciones sexuales no consentidas se consideran delito.

También es importante la especial atención que se presta, por primera vez, a las mujeres con discapacidad y a sus condiciones específicas, que a menudo conducen a la violencia interseccional.

Las nuevas normas, una vez en vigor, deberán ser incorporadas por los Estados miembros a su propia legislación en un plazo máximo de 3 años.