• La protección a los derechos de los accionistas minoritarios en diferentes países latinoamericanos y la liquidación de la Electrificadora del Caribe (Electricaribe S.A.) han sido objeto de preocupación y análisis en la ciudad de Washington D.C. a lo largo de varias reuniones de trabajo mantenidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con ocasión de la entrega y presentación del Informe internacional sobre la Seguridad Jurídica y la protección a la inversión en Iberoamérica, elaborado por encargo de la WFI y AEMEC. 

La protección a los derechos de los accionistas minoritarios en diferentes países latinoamericanos y la liquidación de Electricaribe S.A. han sido analizadas en la ciudad de Washington D.C. a lo largo de varias reuniones de trabajo mantenidas con el Vicepresidente Regional para Latinoamérica del Banco Mundial (BM), Jorge Familiar, el Director Ejecutivo Alterno del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jorge Dajani y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. También se han mantenido reuniones con el Director Ejecutivo del Banco Mundial, Fernando Jiménez Latorre, y con el Senior Advisor del Banco Mundial, Rafael Domínguez, entre otros directores, consejeros y altos cargos de estos organismos.

El Informe internacional sobre la Seguridad Jurídica y la protección a la inversión en Iberoamérica, elaborado por Cremades & Calvo-Sotelo con la colaboración de la World Federation of Investors (WFI), la European Federation of Investors Better Finance (BF) y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), ha sido presentado por Carlos de la Mata Gorostizaga, Socio Director de Cremades & Calvo-Sotelo y Abogado del Estado, y Alberto Ruiz Ojeda Socio de la firma y catedrático de Derecho Administrativo.  

De manera especial, se ha destacado la necesidad de mejorar los mecanismos de protección a los pequeños y medianos accionistas, ya que el ahorro de las familias, los fondos pensionales o los recursos destinados a garantizar los más elementales derechos sociales, requieren también el amparo de las instituciones.

Esto es especialmente llamativo en relación con un país de la importancia y trascendencia de Colombia, y hace aún más necesario avanzar en muchas de las propuestas que ha formulado la OCDE con el fin de afianzar la solidez de las instituciones de regulación y supervisión en esta nueva y decisiva etapa histórica para el país.

Las asociaciones de inversores internacionales y de accionistas minoritarios están estudiando la adopción de medidas legales contra el Gobierno de Colombia por lo que considera una expropiación en cubierta y para defender el hostigamiento iniciado.

En este sentido, se ha destacado la zozobra e inseguridad generada por casos como el de Electricaribe S.A., cuya intervención y liquidación en Colombia ha puesto en evidencia el hecho de que algunos de los países más importantes de la región hayan postergado reformas necesarias para garantizar mayor autonomía de los organismos sectoriales de regulación y supervisión.

Igualmente, se analizó con detenimiento el hecho de que Perú, México y Argentina, son países que consolidan o recuperan su percepción como destinos seguros para la inversión extranjera, gracias a la mayor independencia de sus organismos de regulación y supervisión sectorial y a la percepción de mayor seguridad jurídica para la inversión extranjera en la región.

Además de los organismos mencionados de la capital federal americana, este informe se ha presentado simultáneamente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), y está siendo analizado por las más importantes asociaciones internacionales de defensa de los accionistas minoritarios reunidas en la ciudad belga de Gante.