Bruselas, 1 mar (EFE).- La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) cerró 2023 con 1.927 investigaciones activas por delitos financieros con un valor estimado de más de 19.200 millones de euros a los fondos de la Unión Europea (UE), donde el fraude del IVA supuso el 17,5 % del total de los casos.

En un informe publicado este viernes, la Fiscalía Europea expone que en 2023 tramitó 4.187 denuncias por irregularidades en el uso de fondos europeos, un 26 % más que el año anterior.

Este aumento, explica el informe, ha sido impulsado por las demandas de particulares (2.494), que representaron casi el 60 % del total, y de las autoridades nacionales (1.562), que supusieron un 37 % de las registradas.

"Esta evolución demuestra que el nivel de detección del fraude que afecta a los intereses financieros de la UE en los Estados miembros participantes ha seguido mejorando", recalca la EPPO en su balance.

Las investigaciones de la Fiscalía Europea con una dimensión transfronteriza (actos cometidos en el territorio de varios países o que causaron daños a varios países) ascendieron en 2023 a 554, con un perjuicio estimado de 1.500 millones de euros.

Así, entre enero y diciembre, este órgano europeo abrió 1.371 investigaciones nuevas, un 58 % más que el año anterior, con un daño por fraude a los fondos europeos que cifran en 12.280 millones de euros.

Además, la EPPO presentó 139 escritos de acusación, más del doble que en 2022, y concedió órdenes de embargo por valor de 1.500 millones, cuatro veces más que el año previo.

 

  Tipos de fraudes más comunes

A finales de 2023, el 17,5 % de las infracciones perseguidas por la Fiscalía Europea estaban relacionados con el fraude del IVA, con un perjuicio a los fondos europeos de 11.500 millones de euros.

Este fraude fiscal, alerta en su estudio, es un delito "muy común" entre los grupos de delincuencia organizada a la hora de blanquear dinero para financiar sus actividades delictivas.

Por otro lado, la EPPO señala que cerca del 34 % de sus investigaciones estaban relacionados con presuntos fraudes en gastos no relacionados con la contratación pública, unas infracciones que detectó principalmente en sectores como la agricultura y la pesca, infraestructuras, sanidad, juventud y trabajo, investigación, innovación y el apoyo a las pymes.

Por su parte, en torno al 8,5 % de los delitos investigados se referían a sospechas de fraude en los gastos de contratación derivados de la manipulación ilegal de los procedimientos de licitación de obras públicas (como la renovación de edificios públicos o infraestructuras de transporte), en los que están implicados funcionarios públicos corruptos.

Alrededor del 9 % de los casos implicaban un fraude de ingresos distintos del IVA -en particular, fraude aduanero y de derechos antidumping-, que afectaba, sobre todo, al contrabando y al comercio de productos del tabaco, electrónica, bicicletas, productos industriales, piezas de recambio o productos perecederos.

En cuanto a la corrupción, el 3 % de los delitos investigados se referían a la corrupción activa y pasiva de funcionarios públicos (nacionales y de la UE), mientras que el 1,5 % estaban relacionados con la apropiación indebida.

Además, la Fiscalía Europea remarcó que, al cierre de 2023, tenía 206 investigaciones en marcha relacionadas con el uso fraudulento de los fondos de recuperación Next Generation, con un perjuicio estimado de más de 1.800 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 15 % de todos los casos de fraude tramitados.