La Audiencia Provincial de Sevilla ha admitido la vulneración del derecho de tutela judicial efectiva en un caso de estafa con tarjetas de crédito, ya que la jueza instructora tardó casi tres años en pedir a la policía judicial que iniciara la investigación del delito.

El fallo deja abierta la posibilidad de que la víctima del fraude reclame una indemnización por un funcionamiento anormal de la justicia, al haberse superado los plazos legales de instrucción que recoge el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La clienta presentó denuncia en fecha en mayo de 2022 por hechos de delitos de falsedad documental y estafa, en la que personas habían obtenido sus datos personales, falsificado tarjetas de crédito y realizado diversas compras con ellas.

Cuando habían pasado 18 días de la presentación de la denuncia, la instructora decidió inadmitir la denuncia señalando que no se habían aportado los extractos bancarios acreditativos de los cargos ilícitos y que, en todo caso, se desconocía al posible autor de los hechos.

José Antonio Sires, abogado de la afectada, considera que “se ha provocado una auténtica lesión resarcible al justiciable por los daños derivados de la actuación del órgano judicial”, quien manifiesta que “no resulta asumible que se cierre una investigación sin que se practiquen las diligencias necesarias para aclarar todas las circunstancias que rodearon a la estafa sufrida”.

“Las dilaciones indebidas se han dado no por las conocidas deficiencias estructurales del sistema judicial, como suele decirse, colapsado, sino a la pasividad en una instrucción que ha dejado en el limbo jurídico unos delitos graves denunciados por un justiciable”, denuncia el letrado.

Sires adelanta que ya está estudiando acciones legales para la restitución del derecho lesionado, mediante la responsabilidad patrimonial del Estado que prevé el artículo 121 de la Constitución, que impone al Estado la obligación de indemnizar los daños causados por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

La inactividad investigadora, señala la sentencia, ha generado graves deficiencias en la investigación, “pues debió ordenarse inmediatamente a la Unidad Orgánica de Policía Judicial la investigación del delito para al esclarecimiento de los hechos y no esperar a noviembre de 2023”.