Carlos López Izquierdo

San Sebastián, 20 sep (EFE).- La antigua aspiración de los abogados de oficio que buscan ser considerados agentes de la autoridad cuando son agredidos por sus clientes, al igual que los médicos y profesores, podría estar más cerca gracias a un pionero auto de la Audiencia de Gipuzkoa que entiende que su actividad "participa del ejercicio de funciones públicas".

Una resolución "importantísima" y hasta el momento "única" en España, en palabras de Marian Salamero y Mari Paz Sa Casado, las letradas donostiarras que impulsan este caso a raíz de una denuncia por agresión presentada por uno de sus compañeros.

El caso se remonta al 17 de junio de 2022, cuando un abogado de oficio denunció haber sido agredido por un cliente en una calle de San Sebastián.

SE ARCHIVÓ LA CAUSA

El juzgado de instrucción archivó la causa al entender que no había quedado "debidamente justificada" la perpetración de delito alguno, porque el informe de sanidad no reflejaba que hubiera sufrido lesiones.

Salamero y Sa Casado apelaron entonces ante la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa que, en un auto al que ha tenido acceso EFE, ha ordenado ahora la reapertura del caso, "pudiendo entenderse que el ejercicio de la abogacía de oficio participa de funciones públicas".

La resolución constata también que del informe de asistencia al agredido sí se desprende "la existencia de indicios de la comisión de un delito, cuando menos leve, de maltrato".

En este asunto ha resultado especialmente relevante la posición de la Fiscalía, que ha entendido que "recibir un tortazo por parte de un cliente siendo abogado de oficio podría ser constitutivo de un delito de atentado a la autoridad".

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

"El abogado es un profesional que coopera con la Administración de Justicia, cuya actuación es imprescindible para la existencia de una tutela judicial efectiva", recuerda el Ministerio Público.

"Al igual que se garantiza que el abogado se siente en estrados a la misma altura que los jueces, magistrados, fiscales y letrados de justicia -añade-, sería injustificable que el abogado resultara de menos altura cuando se trata de su protección penal".

Recuerda en este sentido que "los abogados están sujetos a responsabilidad penal, civil y disciplinaria por abuso de sus funciones por lo que, en contrapartida, deben serles reconocidas las mismas prerrogativas jurídicas de protección que al resto de intervinientes en la Administración de Justicia".

Por lo tanto, pueden ser sujetos de un delito de atentado a la autoridad", recalca el fiscal en su escrito de adhesión al recurso de la defensa.

SE ABRE UNA PUERTA

En declaraciones a EFE, Mari Paz Sa Casado opina ahora que todo lo recogido en este auto "abre una puerta para que al final se muevan las leyes" y los abogados puedan estar "amparados" por la figura del delito contra la autoridad, de forma que el legislador les conceda "la misma protección que a médicos y profesores".

"Si al médico y al profesor les ampara el delito de atentado porque prestan un servicio público de sanidad o educación, los abogados, que hacemos un servicio público del derecho a la tutela judicial efectiva, por qué no vamos a ser amparados", se pregunta Sa Casado.

Por su parte, Luis Álvarez Collado, tesorero de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, Altodo, con cerca de 3.000 afiliados y simpatizantes en toda España, considera que este auto constituye un "hito" porque va a permitir "alegarlo en situaciones análogas" e "incidir" en la necesidad de que todos los partidos elaboren una ley de forma "unánime" que "pueda recoger y tutelar esta situación".

Álvarez Collado opina que el próximo paso a dar en este sentido debe partir de los colegios de abogados para tomar la "iniciativa" y proponer actuaciones con el fin de conseguir que se cambie la ley y se conceda los letrados la "protección" que reclaman.