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El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha exigido este domingo “a todas las instituciones judiciales y políticas andaluzas” que mantengan el “respeto institucional” debido al pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en el ámbito de sus competencias ha decidido esta semana que las Secciones de Apelaciones Penales que se crearán próximamente tengan sus sedes en Sevilla, Málaga y Granada.

Gallardo ha recordado que ese acuerdo se ha adoptado con los votos a favor de 23 magistrados de toda Andalucía frente a sólo cuatro magistrados partidarios de que se resuelvan en Granada todas las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por las ocho Audiencias provinciales andaluzas, entre ellos el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, “cuya opinión personal en este asunto resulta irrelevante, dado que la competencia lo es del órgano colegiado y no del presidente, quien está obligado a defender el criterio del pleno allá donde sea procedente aunque no lo comparta”, ha apostillado el decano de los abogados sevillanos.

Según Gallardo, ante tan “abrumadora mayoría” de ese acuerdo del máximo órgano judicial andaluz sólo cabe que en su día lo ratifique el Consejo General del Poder Judicial y lo apruebe definitivamente el Ministerio de Justicia, pues “son más de una veintena de magistrados de toda Andalucía quienes han decidido lo mejor en beneficio de la justicia andaluza y de todos los andaluces”, puesto que, ha añadido, “carecería de sentido alejar la justicia del ciudadano y que las apelaciones de Córdoba, Cádiz, Huelva y Sevilla hubiesen de resolverse en Granada cuando pueden enjuiciarse en Sevilla”. Los Colegios de Abogados de esas cuatro provincias y el Colegio de Málaga también se han posicionado a favor de que se creen sedes en Sevilla y Málaga.

Por lo demás, José Joaquín Gallardo considera una “grave irresponsabilidad política” que el consejero de Justicia, Emilio de Llera, se haya “alineado” con el criterio personal de Lorenzo del Río en contra del pleno que representa a la justicia de todas las provincias andaluzas, cuando “la Junta de Andalucía carece de competencias en esta materia y no debe inmiscuirse en cuestiones que son competencia exclusiva del poder judicial andaluz”. Además, con ello, “el consejero contribuye a crear polémicas provincianas desde Granada hacia Sevilla y Málaga, que son precisamente y desde todos los parámetros los dos principales puntos neurálgicos de la Justicia andaluza”, añade Gallardo, para quien el consejero “parece haber olvidado que su obligación como cargo público autonómico es defender los intereses de todos los andaluces y no el interés localista de los juristas granadinos”.

El decano considera también “inadmisible y una ofensa al sentido común” el pronunciamiento institucional del Consejo Consultivo de Andalucía y las declaraciones de su presidente, Juan Cano Bueso, a favor de que Granada sea la única sede de todas las Secciones Penales del TSJA, “en el que aducen que de lo contrario se rompería un supuesto acuerdo que habrían alcanzado las fuerzas políticas al inicio del proceso autonómico, según el cual los órganos políticos estarían en Sevilla y los jurídicos en Granada”.

Gallardo considera que esa tesis supone “tergiversar burdamente la historia de nuestra comunidad autónoma y desconocer la realidad actual de la justicia andaluza”. Aquel acuerdo constituyente, ha abundado, “estableció que Sevilla sería la única capital de Andalucía sin compartir la capitalidad con nadie, por lo que no se entiende que los juristas y políticos granadinos llamen a su ciudad una y otra vez capital judicial de Andalucía, cuando Granada es sólo la sede de la presidencia del TSJA y la capital de su propia provincia, ya que el Estatuto de autonomía establece con meridiana claridad que es Sevilla la única capital de la comunidad autónoma”.

Por ello, ha defendido Gallardo, al crearse el TSJA ya se diseñó el organigrama territorial de la justicia andaluza y se crearon Salas de lo Contencioso administrativo y de lo Social también en Sevilla y en Málaga.

“Parece desconocer ese Consejo Consultivo que ahora no se pretende modificar nada. Simplemente se mantendrá ese organigrama histórico que acerca la justicia al ciudadano desplazando ahora las nuevas Secciones Penales a Sevilla y Málaga, donde ya existen Salas del propio TSJA”, ha agregado el decano de los abogados sevillanos, que ha destacado además que el Consejo Consultivo es “un órgano autonómico y por ende de todos los andaluces, constituyendo una grave extralimitación en sus competencias y una afrenta para muchísimos andaluces que se pronuncie en materia que no es de su competencia, y lo haga además a favor de una provincia y en contra de otras dos”. “Pronunciamientos tan improcedentes y desacertados desacreditan a ese organismo consultivo, que pretende privar de Secciones de lo Penal a ciudades tan importantes como Sevilla y Málaga”, ha zanjado Gallardo.

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