Madrid, 12 mar (EFE).- Más de la mitad de las comunidades autónomas han aprobado rebajas en el IRPF en los dos últimos años para contrarrestar el efecto de la inflación y la mayoría han establecido deducciones o bonificaciones en varios de sus tributos, según un estudio del Consejo General de Economistas de España.

De acuerdo con la información recopilada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024 presentado este martes, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco han rebajado sus tarifas del IRPF este año 2024 y Aragón, Extremadura, Madrid y Navarra lo han hecho con efectos 2023.

En el Impuesto de Patrimonio, señala, Andalucía y Madrid dan la opción a sus ciudadanos para decidir si quieren ingresar la cuota en sus comunidades o al Estado a través del Impuesto a las grandes fortunas y Galicia ha establecido que el importe de su bonificación -50 %- se minorará en la cantidad a pagar en ese nuevo tributo estatal.

Además, Aragón ha incrementado su mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros; Extremadura ha introducido una bonificación del 100 %; Baleares ha incrementa el mínimo exento de 700.000 euros a 3 millones; y Cantabria ha introducido una bonificación del 100 % para patrimonios inferiores a 3 millones.

En los impuestos sobre sucesiones y donaciones continúa la tendencia de rebaja observada en años anteriores mediante la introducción de mayores bonificaciones o el incremento de las reducciones por parentesco.

En concreto, en Sucesiones han establecido diversas bonificaciones en función del grado familiar Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y La Rioja y en Donaciones lo han hecho Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón y han aprobado otras medidas Asturias y La Rioja.

Finalmente, en Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados han reducido tipos Cantabria y Galicia y respecto a los tributos propios, que solo representaron el 2,2 % de los ingresos tributarios en 2022 -último año del que el estudio incluye datos, aunque no de todos los impuesto-, Madrid sigue siendo la única comunidad donde no se pagan.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha destacado los 991 "impactos normativos" -o medidas aprobadas y en vigor por las comunidades autónomas en virtud de su capacidad normativa en materia fiscal-, que a su juicio convierten este ámbito en un "galimatías espectacular".

Pich ha opinado que hasta que se haga una revisión del sistema de financiación autonómica "estamos complicando mucho el país" y ha criticado que en ocasiones las administraciones anuncian impuestos "sin ganas de quererlos aplicar, en el marco de un cierto juego institucional, sin valorar los efectos devastadores que pueden tener", como ha ocurrido por ejemplo en el sector de la vivienda.

El análisis presentado hoy indica asimismo que los ingresos tributarios ligados a la financiación de las comunidades, en general, han visto incrementada su recaudación por impuestos desde 2007, último año anterior a la crisis financiera, hasta 2021, en un 39,55 %.

En cuanto a los ingresos tributarios del Estado, en 2022 se lograron 109.485 millones de euros por IRPF, un 15,8 % más que en 2021, un incremento que superó el Impuesto sobre Sociedades, que recaudó un 20,84 % más.