He afirmado en varias ocasiones que nuestro actual modelo fiscal está ya agotado y obsoleto. Permítanme insistir al respecto. La estructura de nuestro sistema tributario se mantiene conceptualmente igual que en 1978. Sin embargo, las diferencias entre entonces y hoy, casi 40 años después, son abismales. Mientras la cultura social predominante en aquel entonces era la de financiar a través de los impuestos un Estado Social cuyos pilares se sustentaban en el compromiso y la solidaridad de todos, la cultura social hoy dominante es la del Estado protector que debe subvencionar gratis los cada vez mayores derechos que la ciudadanía reclama. En consecuencia, la espiral del gasto público no tiene fin. La mano del Estado se abre cada vez más con servicios que alguien ha de financiar. Y claro, como el nivel de nuestra clase política nada tiene que ver con el de aquel entonces, del esfuerzo pedagógico del conocido lema de Hacienda somos todos, hemos pasado a una era en la que lo importante es recaudar sin que los contribuyentes se enteren. Es pues necesario cambiar la tendencia y responsabilizar a los ciudadanos de su compromiso social e, igual que ocurre con multitud de servicios públicos (las guarderías, el transporte público, la dispensación de medicamentos y un largo etcétera que poco a poco se va ampliando), cofinanciar los servicios públicos con impuestos y precios públicos en función del nivel de renta. Sí; me estoy refiriendo, entre otros, a la sanidad y a la educación. La razón es muy sencilla: nada es gratuito. Y no hay nada mejor para valorar los servicios y racionalizar su uso que pagar por ellos.

Pero además, son también necesarios otros cambios importantes de los que me voy a detener en dos. El IRPF ha dejado de ser aquel impuesto que grava con carácter general la renta de los contribuyentes con independencia de cuál sea su origen. La lícita fuga de determinadas rentas hacia el Impuesto sobre Sociedades (IS) ha convertido al IRPF en un verdadero impuesto sobre el trabajo. Es por tanto necesario introducir progresividad en el IS y reducir la diferencia de tipos entre ambos impuestos disminuyendo la presión fiscal sobre el trabajo, motor esencial para la creación de riqueza. Pero además, es necesario impulsar un cambio comunitario en el diseño de los tipos de IVA agrupando los bienes y las prestaciones de servicios en grupos homogéneos de mayor a menor “necesidad basica”. A bienes de primera necesidad, menor tipo a aplicar. Esto, que en parte ya ocurre, no responde sin embargo a la actual filosofía que hoy subyace en la aplicación de los tres tipos de IVA.

Se trata, pues, de hacer el sistema más redistributivo aligerando la presión fiscal sobre el trabajo, reduciendo la inequidad en el tratamiento de las diferentes rentas y cofinanciando los servicios públicos en función del nivel de renta. Pero para ello, necesitamos políticos valientes. Este es el problema. ¿O no?