“Todos los gobiernos deberían adoptar políticas fiscales en relación con el tabaco que fueran precedidas no sólo de un análisis de la elasticidad precio sino también de la elasticidad renta, teniendo en cuenta además, que la primera no es constante ni en el tiempo ni en toda nuestra geografía y que la segunda, la elasticidad renta, adquiere un papel muy importante que puede multiplicar el efecto natural de una subida de precios en épocas de recesión económica, como la que el COVID nos está haciendo vivir en estos momentos”.

Así lo sostiene Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, en un breve estudio que ha presentado hoy con el título de “El mercado de tabaco español desde un análisis de su demanda”. En él expone sus tesis y conclusiones, fundamentadas en la investigación realizada sobre más de cuarenta trabajos, algunos de ellos centrados en el mercado español y en los aprendizajes que la realidad económica de nuestro país nos ha dejado.

“Llegado el nivel impositivo del tabaco a un punto como el que existe en todos los países de la Unión Europea, donde la carga fiscal ya supera el 70% de su precio de venta al público, los aumentos en los impuestos que gravan estos productos no son garantía del cumplimiento de los fines para los que se crearon, ya que pueden ni reducir el consumo ni aumentar la recaudación asociada a los mismos, y sí traducirse en un incremento del contrabando”.

A su juicio, “aumentos pequeños en la imposición sobre el tabaco, que sean además aplicados a todas las categorías, permitirán seguir incrementando la recaudación sin afectar favorablemente a la evolución del contrabando o a las compras transfronterizas en aquellos países próximos a mercados con precios más bajos, como es el caso de España”.

Rocío Ingelmo explica que “la aplicación proporcional de estas subidas no significa que haya que equiparar la fiscalidad de todos los productos del tabaco. Está demostrado -afirma- que la picadura de liar es un buen aliado en la lucha frente al contrabando, dada la fuerte motivación que el factor precio tiene tanto en los consumidores de picadura como en los consumidores de tabaco ilegal”.

Y añade: “En el caso concreto de España, las subidas de impuestos han de hacerse de forma tal que no se obligue a subir en mayor medida a las marcas más baratas que a las marcas más caras, efecto que ocurriría si se decidiera incrementar de forma muy agresiva los impuestos mínimos ya existentes”.

La directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis indica, a este respecto, que “en situaciones de crisis como la actual, en las que desgraciadamente muchas personas están perdiendo sus puestos de trabajo, siempre será mejor una subida que no afecte en exceso a las marcas más baratas, cuyos consumidores muestran una elasticidad mayor que los de rentas más altas, y serán quienes se vean más tentados a acudir al mercado ilegal”.

Rocío Ingelmo concluye afirmando que “siempre habrá críticos que señalen que, desde un punto de vista de salud pública, el objetivo es reducir el consumo de tabaco en su conjunto y la mejor manera de hacerlo es mediante el aumento de impuestos. Sin embargo -finaliza- también es importante que esta reducción del número de fumadores sea real, y que no se trate sólo de un traspaso de fumadores del mercado legal al ilícito”.