La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha hecho hoy un llamamiento a actuar contra la demanda de prostitución y a poner límites al negocio de la prostitución, que ha definido como una “terrible violación de los derechos humanos”.
“La trata considera a las personas como mercancía, las cosifica para privarlas de sus derechos. No podemos ponernos de perfil, la tenemos a la vuelta de la esquina”, afirmó la ministra en la inauguración de la jornada ‘Hacia una protección integral de las víctimas de trata', organizada por la Fundación Abogacía Española y la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE) con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
“Somos el primer país europeo en consumo de prostitución, aumenta cada año, incluso entre menores de edad. No podemos tolerarlo. Debemos actuar contra la demanda y poner límites al negocio de la prostitución”, aseguró la ministra.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha denunciado la dificultad para detectar a las víctimas de trata y ha alertado contra el riesgo de que las desigualdades económicas generadas por la pandemia hagan que más personas caigan en manos de las mafias. También ha destacado el compromiso de la abogacía con la lucha contra esta lacra: “La abogacía va a trabajar con cualquier iniciativa legal para conseguir abolir la explotación sexual”.
En la inauguración de la jornada intervino también la delegada del Gobierno de Violencia de Género, Victoria Rosell, quien se ha referido a la necesidad de mejorar la identificación formal de las víctimas y que su acreditación como tales no esté supeditada a la persecución del delito.
Rosell también denunció que la pandemia ha agudizado la “invisibilidad” de estas víctimas. Y en este sentido anunció que se va a hacer el primer macroestudio sobre la trata con fines de explotación sexual: “Va a permitir conocer de forma rigurosa la situación de estas mujeres y niñas, para impulsar políticas públicas desde los datos”.
La delegada contra la violencia de género reconoció asimismo que el marco legal nacional para luchar contra la trata es “ insuficiente”, de ahí la necesidad de aprobar una Ley Integral.
Sobre las lagunas existentes en nuestro ordenamiento jurídico para combatir la trata se habló con detalle en la mesa redonda posterior, en la que intervinieron Mabel Lozano, directora de cine y activista de derechos humanos; Vanessa Casado Caballero, jurista experta en trata de mujeres con fines de explotación sexual, y Tania García Sedano, doctora en derecho y magistrada suplente Audiencia Provincial de Madrid.
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