Los portales de transparencia son un instrumento todavía muy desconocido para la mayoría de ciudadanos. Se trata de webs institucionales, o secciones de webs, en las que las administraciones públicas deben mostrar los datos de su actividad y gestión.
Cada una de ellas interpreta a su modo la forma exacta de presentarlos. En OCU se ha analizado ambos extremos: si publican todo lo que deben, y si lo hacen de un modo claro, accesible y fácil de entender para el ciudadano común. Y comprueban que existe una enorme disparidad, desde quienes demuestran un compromiso serio y cumplen con solvencia, a quienes siguen la ley del mínimo esfuerzo y han improvisado páginas web en las que es difícil encontrar lo que buscamos y hasta escamotean algunos de los datos que estarían obligados a ofrecer. Entre estas últimas está la Administración Central, que suspende con estrépito nuestra evaluación.
Qué deben mostrar y cómo
Las obligaciones las marcan las leyes. La nacional es el suelo mínimo que obliga a todas las administraciones, aunque la ausencia de un reglamento más de dos años después de su estreno limita su desarrollo. Pero las legislaciones autonómicas más avanzadas añaden exigencias. En nuestro examen hemos sido rigurosos y hemos pedido algo más que cumplir raspadamente con una ley estatal que ya necesita una actualización.
Sin ser exhaustivos, OCU ha examinado aspectos fundamentales: información sobre salarios y patrimonio (sueldos y declaraciones de bienes de los cargos electos, asesores, etc.), listados de altos cargos y personal administrativo, actividad de los órganos administrativos, contratos, presupuestos... También valoramos la facilidad de navegación de cada portal.
Errores de bulto y defectos graves
A la hora de valorar, dos posibilidades motivan una mala nota.
Por un lado, las ausencias: datos que son obligatorios según la ley, pero que es imposible encontrar en el portal de la administración de turno.
Por otro, cómo se muestran. Hay datos que si bien figuran, lo hacen de un modo tan básico, desorganizado o incomprensible que no resulta admisible. Es muy habitual que esto ocurra en los apartados de contratos y presupuestos. Cuando se ofrecen listados sin orden ni concierto, cuando se omiten informaciones importantes o cuando el criterio de organización es poco menos que inútil (por ejemplo, la fecha de reunión de la mesa de contratación) se hace casi imposible localizar de forma rápida y ágil lo que queramos.
La presencia de un buscador puede aliviar en parte estas deficiencias, pero necesita funcionar bien y tener los filtros adecuados. Es uno de los aspectos que OCU ha evaluado en el apartado de navegabilidad, aunque hay otros incluso más decisivos, como que el acceso al portal de transparencia se pueda realizar desde la página de inicio de la Administración a través de un enlace claro y bien visible.
La callada por respuesta
Otro de los derechos que reconoce la Ley al ciudadano es preguntar a la Administración sobre cualquier dato que deba aparecer en los portales o cualquier aclaración que considere pertinente. Las únicas condiciones son que se identifique y que, en caso de tratarse de una información personal, que lo permita el afectado. El plazo del que disponen para hacerlo es de un mes desde su recepción.
El problema es que muchas administraciones parecen no darse por aludidas y no se han dignado responder a las preguntas que les hemos planteado. Y otras muchas sí lo han hecho, pero de un modo rudimentario y poco solícito. Algo que realza el valor de las que sí lo han hecho con claridad y detalle, que también las ha habido.
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