Cracovia (Polonia), 16 nov (EFE).- El Tribunal Supremo Administrativo (TSA) polaco anunció este jueves que enviará un requerimiento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre la obligatoriedad de reconocer en Polonia los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otro Estado miembro.

Actualmente, no goza de reconocimiento legal en Polonia, pues el artículo 18 de la Constitución establece que "el matrimonio, como unión de un hombre y una mujer, la familia, la maternidad y la paternidad deberán ser especialmente protegidos por el Estado".

Sin embargo, muchos juristas apoyan la interpretación de que la especial protección de los que son entre heterosexuales no implica la ilegalización de otro tipo de matrimonios o uniones legales.

El requerimiento del TSA polaco está motivado por la demanda de dos ciudadanos polacos que se casaron en Berlín y que se enfrentaron a la imposibilidad de ver reconocido su matrimonio por la Administración polaca.

Además la demanda se apoya en las leyes de libertad de movimiento y residencia comunitarias, que obligan a todos los socios europeos a reconocer la legalidad de los matrimonios que sus ciudadanos hayan celebrado en otro país de la Unión.

Si el TJUE emite una sentencia favorable a los demandantes, no cabrá apelación contra ella y la Justicia polaca, así como todas las instituciones estatales, deberán aceptar automáticamente la validez de cualquier matrimonio homosexual formalizado en cualquier país de la Unión Europea (UE).

La abogada que representa al matrimonio que inició el proceso calificó de "hito" la decisión del TSA y confesó que, "después de tratar casos parecidos durante años, estaba perdiendo la esperanza de que algo así ocurriese algún día".

El Tribunal Superior Administrativo de Polonia es un órgano que dirime exclusivamente causas en las que la Administración Pública estaba implicada, y es la única instancia jurídica superior del país que no se vio afectada por la polémica reforma judicial que el Gobierno polaco emprendió en 2015, debido a que sus actividades previsiblemente no tenían implicaciones políticas.

La estrategia jurídica seguida por la pareja de polacos se inspiró en el precedente de una sentencia del TJUE de 2018 contra Rumanía, cuyo Gobierno se negó a otorgar el permiso de residencia al cónyuge extracomunitario de un ciudadano rumano.