El TJUE ha dadi un nuevo varapalo a España con respecto a los contratos en fraude de ley de la Administración. La última sentencia del TJUE insta a hacer fijos a los interinos de larga duración, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por el TSJM.
En ésta se afea que España no haya tomado las medidas necesarias para prevenir y sancionar el abuso en este tipo de contratación pública. La ley de reducción de temporalidad, aprobada en los últimos días de 2021 para cumplir con las obligaciones de los Next Generation, se quedó en una aprobación de urgencia. “Ya denunciamos en su día el redactado chapucero para llegar a tiempo, así como sus incongruencias. Por ejemplo, una reforma solapada del TREBEP que trataba de dar cobertura legal a quienes siguieran siendo interinos por no cubrirse un concurso convocado o que se estabilizara a personal que llevara 5 años en el puesto, con un doble rasero de duración para el sector privado y el público”, denuncia Javier Toro, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO).
La ley de reducción de temporalidad no solo fue apresurada y chapucera, sino que no se ha cumplido. La mayoría de procesos de estabilización no se han ejecutado y la temporalidad en el sector público, lejos de descender, ha crecido. De hecho, duplica a la temporalidad en el sector privado y está en torno al 30 %. La Administración es el peor empleador de España y el menos perseguido, con unas 800.000 personas en esta situación.
Sin legislación en España, la opción es convertir los contratos en fijos automáticamente
Esta nueva sentencia europea no supone una legislación automática en España. El Tribunal europeo acusa a España de no disponer de la normativa nacional que cumpla con el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. En este sentido considera que una opción es convertir esos contratos en fraude de ley en fijos de forma automática.
USO exige que se legisle ya para cumplir con el Acuerdo Marco y rebajar de una vez la temporalidad y el abuso en el sector público. Además, la sentencia del TJUE reitera que España no puede deshacerse de trabajadores que ha tenido en fraude con 20 días por año trabajado.
FAC-USO considera que es momento de legislar de forma eficaz para liberar a los juzgados de cientos de demandas aún no tramitadas por contratos en fraude de ley en la Administración. "En USO estamos a la espera de decenas de sentencias en diferentes comunidades, habiendo conseguido ya varias que se han pronunciado en el sentido de dar la fijeza a trabajadores que estaban contratados en fraude de ley", comentan desde el Sindicato.. La sentencia del TJUE, además, faculta al TSJM a aplicarla en todas las causas pendientes, lo que puede provocar una nueva cascada de demandas y un nuevo colapso judicial.
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