Sin lugar a dudas el salto tecnológico al que nos esta llevando la situación sanitaria actual tiene pocos precedentes.

WhatsApp se ha convertido en sinónimo de «llamada» y Zoom en el equivalente a una «videoconferencia».

Hay algunas confusiones en relación al significado de algunos términos que se utilizan como semejantes cuando en realidad no lo son.

Tabla 1. Comparativa Webconferencia, Videoconferencia y Telepresencia.

	WEBCONFERENCIA	VIDEOCONFERENCIA	TELEPRESENCIA
Software sobre escritorio	Sí	Sí	Sí
Hardware	No	No	Sí
Variedad de cámaras y micrófonos en simultáneo	No	No	Sí
Requisitos de ancho de banda o conectividad	Bajo	Medio	Alto
Calidad de imagen de video, sonido e interactividad	Baja calidad de imágenes (cogeladas, pixelación), audio con interferencias e interactividad limitada	Alta calidad de video HD y sonido, interactividad no limitada	Códecs high end y grandes displays con resoluciones Full HD o UHD 4K, interactividad no limitada
Acceso desde múltiples dispositivos (compatibilidad de dispositivos)	Sí Bring Your Own Device (BYOD)	Sí Bring Your Own Device (BYOD)	No

Elaboración propia.

A esta confusión le siguen otras de profundo calado y cuyas consecuencias, desde el punto de vista jurídico, son muy relevantes. El desconocimiento técnico solo se justifica por la desinformación, que en ocasiones es intencionalmente alimentada por algunos operadores como, por ejemplo: Zoom.

Tabla 2. Comparativa entre Videoconferencia y Plataforma ODR

	VIDEOCONFERENCIA	PLATAFORMA ODR
Software	SÍ	SÍ
Hardware	No	SÍ
Responsabilidad en la administración de la infraestructura crítica de la TIC	No	SÍ
Comunicación asincrona	No	SÍ
Seguridad: Cifrado extremos a extremo y protección de datos	No	SÍ
Expediente electrónico (acceso directo a audiencias, calendario, sello de tiempo, grabaciones, registro de actuaciones, informes estadísticos, notas)	No	SÍ
Firma electrónica nivel 2 multifactor	No	SÍ
Soporte online dentro de la plataforma	No	SÍ

Elaboración propia.

Confundir una videoconferencia con una plataforma para resolución de conflictos en línea (plataforma ODR) ha llevado a algunas dependencias de la Administración Pública a utilizar aplicaciones y programas de software que no son seguros.

La cuestión no es un problema técnico, que también, sino de corte jurídico, toda vez que se están generando distintos niveles de protección jurídica para los mismos derechos.

La falta de recursos económicos para hacer frente a la imperiosa necesidad de implementación de aplicaciones de software y hardware seguras, seguida del argumento que justifica la equiparación de una videoconferencia a una plataforma ODR, es que se utilizan en cuestiones de menor importancia y/o cuantía.

Vale decir, que en lugar de trabajar en disminuir la brecha digital existente, lo que se está haciendo es, por un lado, «aumentarla» y, del otro lado, «crear distintos niveles de protección jurídica para los mismos derechos», todo ello bajo la urgencia de la situación.

El menoscabo a los derechos es lo suficientemente grave como para llamar la atención sobre él, e invitar a los operadores jurídicos —y no jurídicos— a reflexionar sobre ello.

La seguridad jurídica, tecnológica, intelectual y ética es una necesidad de los ciudadanos que debemos garantizar desde los servicios públicos y privados por igual. En ella concurren la ética de la responsabilidad y de la convicción; sin embargo, la ética de la responsabilidad es irrenunciable, porque solo así vamos a lograr una justicia auténtica.