Sus dos líderes, Félix Nkongho, abogado y presidente, y Fontem Neba, secretario general, fueron detenidos por fuerzas especiales en Buea, la capital de la región del Sudoeste de Camerún.
Tras ser interrogados, ambos se encuentran en prisión preventiva en Yaoundé en espera de juicio, que en principio se fijó para el 1 de febrero de 2017, fue pospuesto al 13 de febrero, y retrasado por segunda vez al 23 de marzo.
Tribunal militar
Serán juzgados por el tribunal militar de Yaundé, acusados de promover actos de terrorismo, hostilidad contra el país, intento de separación, incitación a la guerra civil, revolución, insurrección, difusión de noticias falsas, rebelión en grupo, atentado contra la autoridad y resistencia estatal y colectiva, entre otros delitos, de los que se han declarado inocentes.
Jackson Ngnie Kamga, presidente del Consejo de Abogados de Camerún, ha solicitado urgentemente a la Comisión de Derechos Humanos de la Abogacía que se ponga en contacto con Nkongho, para velar tanto por el respeto a sus derechos como de los abogados que ejercen su defensa.
Bajo la coordinación del ex presidente de la Abogacía Bernard Muna, que siguiendo las instrucciones del presidente Kamga encabeza personalmente la defensa, decenas de abogados anglófonos y francófonos se han agrupado para asegurar la defensa de su colega detenido y de Fontem NEBA. Estos abogados han denunciado dificultades para acceder a la información sobre sus clientes.
El gobierno acusa a CACSC de apoyar manifestaciones desde finales de octubre de 2016 en muchas ciudades de regiones anglófonas de Camerún. Los abogados de habla inglesa formularon varias reivindicaciones profesionales, como el hecho de que muchos jueces francófonos, que hacen caso omiso de las reglas de la ley común y no se expresan en inglés, realizan importantes funciones judiciales en las regiones anglófonas sin dominar las particularidades del sistema jurídico legal, lo que lleva a los ciudadanos a una situación difícil que socava la garantía de acceso a la ley y la buena administración de la justicia.
Derechos Humanos
Félix Nkongho ha trabajado durante varios años en las Naciones Unidas como defensor de los derechos humanos y es fundador y director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y la Democracia en África.
También es presidente de la “Asociación de Abogados Fako” (Fakla), una asociación cuyas actividades han sido suspendidas temporalmente, a raíz de su papel en las manifestaciones de abogados anglófonos.
Según Amnistía Internacional, “el mismo día de su detención, los dos líderes habían publicado un comunicado llamando a sus seguidores a abstenerse de toda forma de violencia (…). Los dos hombres fueron detenidos únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Este flagrante desprecio por los derechos básicos corre el riesgo de inflamar la tensa situación en la región anglófona del país y muestra claramente la voluntad de silenciar la disidencia “.
El Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo denuncia con firmeza esta detención, que contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Principios Básicos sobre el papel de los abogados, adoptados por el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en la Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, que establecen en especial las siguientes garantías relacionados el ejercicio de la profesión de abogado:
“23. Los abogados, como los demás ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tienen derecho a participar en las discusiones públicas sobre la ley, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos y adherirse a organizaciones locales, nacionales o internacionales, o constituirlas, y asistir a sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas o de su pertenencia a una organización legal. En el ejercicio de estos derechos, los abogados siempre obrarán conforme a la ley y las normas reconocidas y a la deontología profesional”.
Pena de muerte
De especial preocupación para el Observatorio es que un tribunal militar sea el competente para pronunciarse sobre un asunto que afecta a población civil por delitos es los que se aplica la pena de muerte.
El OIAD hace un llamamiento a las autoridades de Camerún para cumplir con los principios que reflejan los compromisos internacionales de la República de Camerún y las garantías previstas por la ley de ese país para asegurar una justicia fuerte e independiente.
El OIAD se mantendrá especialmente alerta sobre el tratamiento que las autoridades de Camerún den a este caso y llama a los abogados a seguir movilizados bajo la dirección del presidente del Consejo de la Abogacía Ngnie Kamga.
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