Que el estado de alarma decretado en marzo fue una herramienta normativa para dotar de fuerza legal a las acciones de un gobierno que no tenia ni idea de lo que hacia, hoy, es un hecho.

Ese estado de alarma se pervirtió y desnaturalizó hasta el punto de convertirlo en una suerte de estado de excepción, tristes ingenuos, los que pensaron que con el fin del estado de alarma este, nuestro desgobierno, volvería a la senda de la cordura.

Estamos viviendo una “hipernormativizacion” de la convivencia en sociedad, producida en gran parte por falta de liderazgo, de comunicación e incluso, de sentido común. Ante esta ausencia de cualidades, la única solución que ha encontrado nuestra clase política para que los ciudadanos hagamos lo que quiere el gobierno, es hacerlo utilizando la fuerza coercitiva del estado, en términos coloquiales, obligándonos mediante normas, normas que han sido convenientemente vendidas y argumentadas por los lacayos del poder y sus palmeros.

Normas que en muchas ocasiones no tienen ni pies, ni cabeza, normas que se contradicen entre si, normas con una sonrojante falta de competencia que atentan contra los mas elementales principios jurídicos, pero normas, al fin y al cabo; que obligan y coartan muchos de los derechos que los ciudadanos tenemos reconocidos en esa gran obra jurídica llamada Constitución Española.

Lo siento querido lector, esta historia no tiene moraleja, no tiene análisis jurídico, no tiene solución, porque simplemente tenemos los políticos que nos merecemos, y en la era de lo simple y lo mediocre, estos son nuestros representantes, me despido con un mensaje, Señor legislador, no cree tantas normas, que no me da tiempo a ignorarlas todas.