Cuatrecasas Georgeson y Cuatrecasas publican la que ya es la 12ª edición de la guía ‘El Gobierno Corporativo y los Inversores Institucionales. Preparando la Temporada de Juntas 2023’ con el fin de ayudar a las sociedades cotizadas españolas a preparar su próxima junta general de accionistas. Dicho estudio se configura como un análisis detallado y exhaustivo del comportamiento que, a lo largo de la última temporada de juntas, tuvieron los inversores institucionales extranjeros y los asesores de voto (proxy advisors) en el ámbito del Ibex-35 y del Top 40 del Mercado Continuo.
Nivel de participación
En las juntas del Ibex-35 no se han recuperado los niveles de participación previos a la pandemia (el quorum medio fue del 71,13% en 2022 y del 72,48% en 2019) mientras que, en el Top 40 del Mercado Continuo, se aprecia una tendencia al alza (el quorum medio fue del 70,34% en 2022 y del 69,39% en 2019). Esta diferencia se explica, entre otros motivos, por la distinta estructura de capital de las compañías que cotizan en dichos mercados. La inversión extranjera es mayor en las compañías del Ibex-35 donde, además, ha crecido la participación de los fondos soberanos, que no suelen votar en las juntas. Datos que contrastan con la mayor actividad de voto de los inversores domésticos –principalmente, de los institucionales– en la Temporada de Juntas 2022.
Retribución del consejo
Con carácter general, la oposición ha disminuido, proporcionalmente, en todas las juntas del Ibex-35 y del Top 40 del Mercado Continuo. En concreto, en el Ibex-35, un total de 65 propuestas obtuvieron en 2022 más del 10% de oposición, lo que implica una disminución con respecto al año anterior (75 propuestas en 2021). En el Top 40 del Mercado Continuo, los números se mantienen más estables, con un total de 70 propuestas que recibieron en 2022 más del 10% de oposición, frente a las 71 propuestas del año anterior.
Un año más, las propuestas relativas a la retribución del consejo son las que han recibido la mayor proporción de voto en contra (un 39% de ellas obtuvieron más del 10% de voto en contra). Entre los motivos que han llevado a los inversores institucionales a no apoyar los asuntos retributivos destacan: (a) la falta de alineación con el interés de los accionistas a largo plazo; (b) la ausencia de coherencia entre los resultados de la compañía y la retribución de sus ejecutivos; (c) la existencia de planes de incentivos a largo plazo no alineados con las demandas del mercado; (d) la opacidad en la divulgación de métricas y sus pesos, así como sobre su nivel de cumplimiento; (e) la falta de respuesta por parte del consejo ante elevados niveles de disidencia en materia retributiva en ejercicios anteriores; y (f) la poca claridad en las condiciones de los contratos con ejecutivos (p. ej., cláusulas de recobro, pagos por terminación de contrato o política de tenencia de acciones).
Reelección, ratificación o nombramiento de consejeros
El número de propuestas relativas a esta materia con más de 10% de voto en contra aumenta con respecto al año anterior en el Ibex-35: 23 propuestas en 2022, frente a 18 en 2021. Si bien representan un porcentaje sobre el total de propuestas presentadas del 14% en 2022, inferior al 15% alcanzado en 2021.
El aumento del número de propuestas con más de 10% de voto en contra es más considerable en las compañías del Top 40 del Mercado Continuo: 29 propuestas en 2022, frente a 8 en 2021, lo que representa un porcentaje sobre el total de propuestas presentadas del 23% en 2022, frente al 10% en 2021.
Modificación del capital social
El porcentaje medio de votos en contra en las propuestas de aumento de capital ha disminuido considerablemente, tanto en las compañías del Ibex-35 con como en las del Top 40 del Mercado Continuo. De 26 propuestas presentadas en el Top 40, tan solo 3 recibieron un porcentaje de voto en contra mayor al 10%, mientras que, en el Ibex-35, fueron 6 propuestas de un total de 38.
La importancia de la independencia en el consejo
En relación con la estructura del consejo de administración, los aspectos clave para los inversores institucionales y proxy advisors continúan siendo las cuestiones tradicionales en materia de buen gobierno corporativo, con una postura cada vez más exigente en cuanto a independencia, responsabilidad y diversidad.
La mayor independencia en el consejo se asocia a: (a) la separación de cargos de presidente y CEO, (b) una presidencia independiente, (c) la existencia de un consejero coordinador (lead independent director), y (d) un 100% de independencia en las comisiones clave: auditoría, nombramiento y retribuciones.
En septiembre de 2022, 8 de las compañías del Ibex-35 analizadas tenían los cargos de presidente y primer ejecutivo unificados, frente a las 6 del año anterior. En el Ibex-35, más de la mitad de los presidentes de las compañías son consejeros ejecutivos (53%) y únicamente un 12% de los presidentes son consejeros independientes. En el Top 40 del Mercado Continuo, tal y como se ha puesto de manifiesto en años anteriores, el número de empresas con los cargos de presidente y primer ejecutivo unificados es mayor que en las compañías del Ibex-35, llegando a un total de 11.
Durante la Temporada de Juntas 2022, los consejeros independientes son los que han obtenido el mayor nivel de votos favorables tanto en las compañías del Ibex-35 (un 96,39% de nivel de apoyo medio) como en las del Top 40 del Mercado Continuo (un 98,01% de nivel de apoyo medio). En aquellas del Ibex-35, el número de consejeros independientes se mantiene estable respecto al 2021, pasando de 239 consejeros independientes en 2021 a 235 en 2022. La situación en el Top 40 del Mercado Continuo es similar: el número de consejeros independientes pasa de 171 en 2021, a 175 en 2022.
Diversidad en el consejo de administración
Los inversores institucionales y proxy advisors son cada vez más exigentes respecto a la diversidad en la composición del consejo, entendida en su más amplia acepción, que integra diversidad de género, etnia, conocimientos y experiencia, edad y entorno geográfico. De acuerdo con el VII Estudio realizado por WomenCEO sobre ‘La diversidad de género en los consejos de administración y los comités de dirección’, en diciembre de 2022, 16 compañías del Ibex-35 alcanzaban el umbral del 40% de mujeres en el consejo recomendado por el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.
En cuanto a la alta dirección, el mismo estudio anuncia que, aunque la tendencia va ligeramente en aumento en los últimos años, se requiere de mayores esfuerzos por parte de las compañías teniendo en cuenta que, a diciembre de 2022, solo 5 compañías del Ibex-35 contaban con más de un 40% de mujeres en sus comités de dirección.
Retos 2023: la creciente importancia del ESG y la correcta atención a las demandas de los accionistas
Para la próxima temporada de juntas vuelven a surgir cuestiones como: (a) la retribución del consejo; (b) el impulso a la diversidad de género –destacando la recientemente aprobada Directiva comunitaria que impone, por primera vez, cuotas obligatorias para fomentar la presencia femenina en los consejos de las sociedades cotizadas antes del 30 de junio de 2026 [Legal Update Cuatrecasas]–; (c) la importancia de la elaboración y publicación de una matriz de competencias del consejo; o (d) los planes de sucesión en el consejo. Entre los nuevos retos, destacan:
(a) La importancia de la actuación y respuesta de las compañías ante las demandas y preocupaciones manifestadas por los accionistas, que debería traducirse en la elaboración de un plan de acción por parte del consejo.
(b) El impulso a la sostenibilidad en general y a la transparencia en cuestiones de ESG en particular. La calidad de la información en materia ESG es una pieza fundamental para el impulso de las finanzas sostenibles, el desarrollo de un gobierno corporativo sostenible y la mitigación del riesgo de blanqueo ecológico (greenwashing) o social (socialwashing).
Con el objetivo de ofrecer acceso a información fiable y comparable sobre ESG, la Unión Europea aprobó en diciembre de 2022 la Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) [ver LEGAL UPDATE Cuatrecasas] que, junto con el proceso de homogeneización y coordinación entre los estándares de divulgación (a nivel no solo de la UE, sino también internacional), está permitiendo avances en la equiparación de la divulgación de la información no financiera con la financiera.
Juan Aguayo, socio de Cuatrecasas especializado en Corporate M&A, comenta que «la Directiva CSRD, además de tener como objetivo equiparar, con el tiempo, la información financiera y la información sobre sostenibilidad, impone estándares comunes de divulgación y un punto de acceso único donde dicha información estará disponible. El principio de sostenibilidad ya es uno de los puntos más relevantes en la agenda de los consejos de administración pues tiene implicaciones que suponen un cambio relevante para las empresas, mucho más allá de las obligaciones de información. Estamos viendo que el acceso a la financiación está condicionado por la sostenibilidad, o que el mercado de M&A está liderado por actores (tanto fondos como industriales) cuya estrategia de inversión pasa por el seguimiento de criterios ESG, que se han incorporado de manera natural en los procesos de due diligence. Y podemos anticipar que se producirán situaciones litigiosas por incumplimientos de las normas ESG imperativas, incluyendo casos de activismo accionarial. Las empresas están adaptándose a esta realidad».
Por su parte, Roger Freixes, experto en Derecho Mercantil y Mercado de Valores, afirma que «La Directiva CSRD y la homogenización de los estándares de divulgación de información sobre sostenibilidad resultan claves para la transición hacia una economía más sostenible. Una información más clara, objetiva y comparable facilita que los inversores puedan identificar proyectos sostenibles, valorarlos debidamente y canalizar los fondos de forma razonada. Además, dificulta las prácticas de blanqueo ecológico y facilita el control de la conducta empresarial en las cadenas de suministro. Finalmente, resulta recomendable que las sociedades analicen su estrategia en este ámbito e implementen medidas de monitorización y mitigación de riesgos no financieros para evitar eventuales responsabilidades y reclamaciones judiciales».
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