- La sesión fue organizada con la colaboración de Political Intelligence
Pérez-Llorca y la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (Comillas ICADE) han organizado una nueva jornada de su Cátedra conjunta sobre Economía y Derecho de la Competencia, que en esta ocasión ha contado con la colaboración de Political Intelligence.
La sesión contó con la intervención de Joaquín López Vallés, director del Departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado y miembro del Centro de Innovación del Derecho de Comillas ICADE; Mark Buse, Director de Relaciones Gubernamentales y Política para EMEA en Match Group; Andy Ramos Gil de la Haza, socio de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología de Pérez-Llorca, y Juan Jiménez-Laiglesia, socio de Competencia de Pérez-Llorca. Los ponentes abordaron los aspectos prácticos y jurídicos del proceso de digitalización mercantil europea a través de la entrada en vigor de la DSA y la DMA.
Juan Jiménez-Laiglesia introdujo la sesión y dio paso a Joaquín López Vallés, quien comenzó explicando que la DMA nace para hacer frente a los nuevos retos que plantea la digitalización y algunas rigideces de las herramientas tradicionales. En este sentido, destacó tres elementos: las economías de escala sin precedentes que aparecen en los mercados digitales y que fomentan la presencia de los “gigantes tecnológicos”; las externalidades de red en los servicios de plataforma, entendidas como la creación de valor a través de la presencia de un mayor número de usuarios de la plataforma, que refuerzan el efecto de las economías de escala y dificultan la competencia; y, por último, la enorme presencia de las economías de aprendizaje y de alcance y su intrínseca vinculación a los datos que generan los usuarios. También destacó el importante papel que pueden jugar las autoridades nacionales en la aplicación efectiva de las nuevas herramientas.
A continuación, tomó la palabra Andy Ramos Gil de la Haza, quien presentó los elementos esenciales de la DSA y las obligaciones que establece este nuevo reglamento a cada uno de los operadores a los que afecta. Entre otras, destacó la diligencia debida a los prestadores de servicios intermediarios, el mecanismo de notificación y acción, el sistema interno de gestión de reclamaciones y controversias o la transparencia de los sistemas de recomendación y de publicidad. Además, resaltó que la entrada en vigor de la DMA y la DSA tiene un enfoque continuista en relación con la Directiva 2000/31 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio electrónico. En concreto, indicó que la evolución de la normativa se enfoca en la responsabilidad de los intermediarios digitales a la hora de establecer mecanismos de notificación y acción de retirada de contenido para evitar la propagación de contenidos ilícitos en línea.
Por su parte, Moisés Barrio destacó que el nacimiento de los gigantes tecnológicos ha dejado obsoleta la Directiva sobre el comercio electrónico, pues esta responde a “necesidades de un mundo distinto”. En particular, Barrio resaltó los tres principales desafíos a los que la nueva normativa debe responder: la libertad de expresión como principal principio de funcionamiento, limitado por la necesidad de vigilar mejor la expresión ilegal y atemperar la expresión perjudicial pero no legal; la amenaza de los Estados no democráticos; y el dominio de las grandes plataformas, alimentadas por modelos de negocio algorítmicos dependientes de grandes cantidades de datos personales. Con respecto al enfoque combinado de la DSA y la DMA, el ponente concluyó que ambas normas abogan por “conformar jurídicamente los compromisos éticos de las grandes plataformas” aunque, “aún no se puede calibrar el impacto que va a tener sobre los operadores más pequeños ya que la relación entre ellos es un territorio desconocido”.
Por último, Mark Buse reflexionó desde una perspectiva práctica sobre el impacto que tienen estas normas sobre los operadores digitales. Asimismo, indicó que, dado que la seguridad es uno de los elementos más importantes para los consumidores y usuarios digitales, la DSA y la DMA son esenciales para garantizar la protección de los derechos y libertades de estos consumidores. Además, señaló que la entrada en vigor de estas normas digitales potenciará la consolidación de entornos digitales marcados por la libre competencia, así como las tecnologías seguras.
Tras las intervenciones, se abrió un turno de preguntas en el que los ponentes pudieron responder a cuestiones planteadas por los asistentes en relación con aspectos prácticos de la paulatina entrada en vigor de esta nueva regulación digital.
