Hace ya años que distintos juristas venimos denunciado un Código Penal obsoleto en muchos aspectos y con grandes funcionalidades en sus penas. Casi a diario nos encontramos con sentencias desproporcionadas por los tipos penales y su graduación: un robo con fuerza de un toxicómano a un establecimiento de apuestas al que distraer 600 euros de la caja registradora y sin heridos tiene como respuesta cuatro años de prisión, mientras que acusados de cometer un delito fiscal no tienen mayor dificultad de valerse de una pena de un año de un tipo que va de uno a cinco años de prisión evitando así el ingreso en la cárcel. ¿Es comprensible para la sociedad? ¿Es justo?

La reciente sentencia impuesta a "La Manada", justificada o no, ha despertado un enorme revuelo social que, dentro del populismo legislativo propio de una clase política que se mueve a golpe de tuit y de encuestas, ya ha tenido como consecuencia que se anuncie reforma del Código Penal respecto a los delitos sexuales. ¿Ésta es la calidad legislativa que se merece un país? ¿Criticar, en no pocos casos de manera infundada y caprichosa, el contenido de 370 folios de una sentencia emitida por un poder del Estado que en una decena de sesiones de juicio oral ha valorado las pruebas para terminar con su veredicto? ¿Dónde queda la racionalidad?

La eventual reforma del Código Penal, como tantas otras, no puede servir solo para parchear la realidad, para mediar con las masas de la opinión pública. ¿Por qué no hacer una reforma profunda que fortalezca verdaderamente la interpretación y la aplicación de la norma? ¿Por qué no hacerlo de acuerdo a los criterios de más proporcionalidad y más rigor? Se trata de evitar que, en Lérida, por una conducción ebria, sin heridos ni accidente se pene con una multa y no con una prisión. O de evitar que por un tráfico de drogas menor en Barajas se imponga cuatro años y medio de prisión, y por traer un barco de hachís de Marruecos se impongan penas similares. Por no hablar ya de los delitos por robo, lesiones u homicidios.

Reformas del Código Penal, bienvenidas sean. Pero no una vez más para alimentar o callar al electorado, sino para dotar de una vez de sentido común a un Código Penal que sufre las carencias de nuestra clase dirigente (el legislador) y, peor aún y, por ende, no satisface las necesidades reales de nuestra sociedad.