El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado hoy durante su intervención en el Desayuno Informativo de Europa Press en Sevilla, el importante servicio prestado por parte de los jueces y fiscales en la tarea de salvaguardar la ley y el interés general, que dota a nuestro país de una seguridad jurídica que le proporciona estabilidad y ventajas económicas competitivas frente a intentos de desestabilización como los vividos en las últimas semanas en Cataluña. 

El titular de Justicia ha recordado la figura del recientemente fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza y del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, a los que ha reconocido su afán incansable por proteger la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales de todos los españoles, al tiempo que ha agradecido a todos los colectivos al servicio de la Administración de Justicia su labor abnegada, comprometida y firme en esa misma dirección.

Para Catalá, el trabajo de todos ellos refuerza nuestro ordenamiento jurídico y fortalece los fundamentos de la democracia y del Estado de derecho, a la vez que nos aleja de la inestabilidad y la incertidumbre. Frente a eso, ha señalado el ministro, se sitúan los efectos de los mensajes de ilegalidad procedentes del Gobierno secesionista de Cataluña que han tenido como consecuencia alertas de recesión económica por parte de las agencias de rating, fuga masiva de empresas, un descenso del 70% en la creación de empleo y repercusiones negativas en el sector turístico que dejará de ingresar 1.200 millones de euros.

El ministro se ha reafirmado en la necesidad de continuar en la senda de las reformas para llevar a cabo la transformación pendiente de la Justicia. Para ello, apela al consenso político que se ha plasmado en la creación de una Estrategia Nacional de Justicia dentro de la Subcomisión del Congreso de los Diputados, para dar voz a los profesionales de la Administración de Justicia y afrontar de forma inmediata las necesarias reformas.

Frente al déficit de recursos de épocas pasadas, Catalá ha destacado la necesidad de mantener incrementos sostenidos en las dotaciones de personal y material. Esfuerzo en el que camina ya el Gobierno que ha asignado al Ministerio de Justicia un presupuesto superior en un 7,7% al del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento por tercer año consecutivo y va a permitir crear 19 nuevos juzgados en Andalucía.

La consecución de una Justicia más ágil, otra de las reivindicaciones más antiguas del sector, pasa por la reducción de la litigiosidad mediante fórmulas alternativas como el arbitraje, la mediación o la jurisdicción voluntaria y una serie de reformas de carácter procesal. Entre ellas, Catalá se ha referido al uso de las nuevas tecnologías para reducir los tiempos de ejecución de sentencias, las notificaciones o las comunicaciones, al mayor protagonismo del juicio oral en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y al encargo de la investigación al Ministerio Fiscal junto al juez de garantías, como es común en los sistemas procesales de los países de nuestro entorno.

Continuar el proceso ya iniciado y profundizar en la aplicación de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la Justicia, es otra de las necesidades que merecen especial atención, según Rafael Catalá. Para ello, entre 2014 y 2017 se ha multiplicado por cuatro la dotación presupuestaria con el objetivo de consolidar el uso de la plataforma LexNET, con la que se han alcanzado ya los 150 millones de comunicaciones electrónicas. La dotación de 12.000 ordenadores nuevos, 2.600 portátiles y redes WiFi en juzgados camina en esa dirección y ya se puede asegurar que el 100% de audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia del territorio gestionado por el Ministerio dispone de herramientas suficientes para trabajar en formato digital. Igualmente, se ha avanzado en el objetivo de conseguir un sistema de gestión procesal común en toda España, para lo que se ha ofrecido colaboración absoluta a las comunidades autónomas con competencias.

El ministro de Justicia ha apuntado como otro de los grandes retos la necesidad de que la sociedad perciba la Justicia como lo que realmente es, independiente y profesional. Dudar de ello, ha dicho Catalá, es dar alas a los que quieren fracturar y demoler el sistema democrático. Para evitarlo propone medidas como la revisión del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la eliminación del nombramiento de magistrados de los tribunales superiores de Justicia a propuesta de los parlamentos autonómicos, la regulación del tránsito entre Justicia y política y la promulgación de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce su autonomía e imparcialidad e incremente su transparencia.

Además, para el ministro la Justicia debe estar encaminada a la protección de las personas y colectivos más vulnerables, razón por la que ha abogado por una nueva regulación en el Código Penal de la omisión del deber de socorro en el ámbito de la seguridad vial, así como por la creación de una Fiscalía especializada en proteger los derechos de las personas con discapacidad. En relación a la lucha contra la violencia de género, Catalá ha resaltado el Pacto de Estado recientemente suscrito por la mayoría de las fuerzas políticas y ha confirmado la intención del Gobierno de impulsar medidas en el Código Penal que garanticen la protección integral de las víctimas, potenciar las Unidades de Valoración Forense Integral y reforzar la efectividad de la orden de protección.