El mal hacer de un abogado puede no ser intencionado (cuestión de estudio en el ámbito penal) sino el resultado de una falta de diligencia en el desarrollo de su profesión. Una actuación negligente de un abogado puede llegar a causar un grave perjuicio económico a su cliente. 

Al abordar este artículo dedicado a la responsabilidad civil derivada de una mala praxis o negligencia profesional, en primer lugar, hemos de sentar la base de la relación jurídica que une al abogado con sus clientes y de la responsabilidad que se deriva para el profesional que asume un asunto.

La jurisprudencia en esta materia es profusa, la cual enmarca la responsabilidad profesional dentro de un contrato de prestación de servicios. Esa relación contractual incluye el deber del abogado de llevar a cabo la ejecución óptima del servicio, que presupone la adecuada preparación profesional y el cumplimiento correcto del encargo.

Incumplimiento total o cumplimiento defectuoso del servicio

Si la ejecución óptima del servicio se hace incorrectamente, se produce el incumplimiento total o el cumplimiento defectuoso de la obligación que corresponde al profesional, precisando siempre que estamos ante una obligación de medios y no de resultado. Es decir, el abogado debe poner al servicio de su cliente el máximo interés, esfuerzo, y los conocimientos técnicos precisos para un correcto asesoramiento jurídico.

Siempre debe exigirse al abogado la diligencia en aspectos, entre otros, como:

1. Preparación con intensidad los diferentes aspectos legales de un asunto

2. Comunicarse puntualmente con el cliente con cualquier novedad en el procedimiento

3. Gestionar correctamente la agenda para asistir a todas las actuaciones judiciales que se celebren

4. Facilitar al cliente de manera comprensible toda la información técnica acerca de cómo se va a desarrollar el encargo profesional.

Si el abogado cumple con estos parámetros, con un buen método de trabajo, las probabilidades de éxito serán mayores.