Alicante, 14 ene (EFE).- La Administración General del Estado ha sido declarada responsable civil subsidiaria en una indemnización por 51.500 euros a cinco funcionarios del centro penitenciario de Dueñas (Palencia) por la agresión del preso 'Igor el Ruso', muy peligroso y en prisión permanente revisable por matar a un ganadero y a dos guardias civiles en Teruel en 2017.

El serbio Norbert Feher, más conocido como Igor el Ruso, cumple prisión permanente revisable por el asesinato con arma de fuego del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero en Andorra (Teruel), en 2017.

En 2021, cuando le sacaban de una celda para un traslado, agredió con un trozo de azulejo afilado a cinco funcionarios, que precisaron de atención médica.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palencia ha atendido ahora, en un fallo al que ha accedido EFE con fecha del pasado 28 de diciembre, el recurso de apelación del despacho de abogados alicantino de Raquel Sánchez Navarro en representación de uno de los funcionarios agredidos de la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), en una sentencia que también beneficia a las otras cuatro víctimas.

Por esta agresión múltiple, el Juzgado de lo Penal de Palencia condenó en primera instancia al interno, el 26 de julio de 2023, a cuatro años de cárcel por cinco delitos de lesiones y a indemnizar a los funcionarios con un total de 51.500 euros pero sin declararse la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración General Penitenciaria, algo que fue recurrido por TAMPM.

Ahora, la Audiencia de Palencia establece que en caso de que Norbert Feher no haga frente a los pagos, la Administración General del Estado sea responsable civil subsidiaria de la indemnización de 35.720 euros a uno de los funcionarios agredidos y de 7.260, 3.000, 2.820 y 2.700 euros a los otros cuatro, respectivamente.

La sentencia justifica la responsabilidad civil del Estado en que los superiores de los funcionarios de la prisión de Dueñas "eran conscientes de que el interno era extremadamente peligroso y sabían que el traslado iba a ocasionar problemas", tal y como se acredita en que la directora del centro pidiera por favor al jefe de Servicio que reforzara el operativo, pese a que este había cumplido su jornada laboral y llevaba 26 horas de trabajo.

Los responsables también estaban advertidos de que ya se habían producido agresiones con azulejos (tras este incidente se suprimieron), de que los equipos de protección eran insuficientes e inadecuados (solo había cuatro completos, los cascos no eran de la talla adecuada y carecían de protección en la nuca) y de que no se había dado formación específica a los funcionarios sobre este tipo de resistencia violenta.

Para los magistrados de la Sala Primera de la Audiencia palentina, "todas estas consideraciones suponen una clara infracción por parte de la dirección del centro o de sus superiores jerárquicos del deber objetivo de cuidado, en el sentido de no haber puesto todos los medios necesarios a su alcance para evitar el resultado finalmente acaecido, cuando eran conscientes de la peligrosidad de la situación".

Pese al conocimiento de la extrema peligrosidad de Igor el Ruso, "los funcionarios, bajo órdenes, tuvieron que entrar a la celda del interno para trasladarlo sin los medios de protección suficientes para todos ellos", además "de la falta de formación que tenían respecto a intervenciones con presos tan peligrosos".

El equipamiento debe contar con protecciones personales, cascos de protección, guantes, escudos de protección, defensas de goma y esposas, según la sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante la propia Audiencia para elevarla a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.