Madrid, 25 jun (EFE).- El acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye presentar una proposición de ley que dará un plazo de seis meses a los nuevos vocales para diseñar una reforma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces tras estudiar los distintos modelos europeos.

La proposición de ley, según han informado fuentes de ambos partidos, reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y tendrá como objetivo reforzar "la independencia e integridad" del sistema judicial, según el texto acordado.

En una disposición adicional, esa ley dará un plazo de seis meses a los nuevos vocales para estudiar cómo eligen otros países europeos a los miembros de órganos análogos y plantear una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado.

Para el PP era requisito imprescindible reformar el sistema de elección de los miembros del CGPJ y abogaba por que los jueces eligieran a la mayoría de los vocales, mientras que el PSOE defendía el actual sistema de elección parlamentaria. La nueva fórmula quedará en manos de los nuevos vocales.

La propuesta, según el texto pactado, deberá garantizar la independencia del CGPJ y, "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine", poder ser "evaluada positivamente" por la Comisión Europea.

Serán el Gobierno o los grupos parlamentarios los encargados de elaborar una reformar legal en base a esa propuesta para someterla después a la aprobación de las Cortes.

Blindar la independencia y probar méritos

La proposición de ley pactada va más allá y establece nuevos requisitos para elegir a los altos cargos de la judicatura y blindar la independencia judicial.

Incrementa a veinte años el tiempo de carrera de un juez que aspira a ser nombrado magistrado del Supremo; y quien se presente como candidato a unas elecciones o sea elegido cargo político quedará en situación de excedencia voluntaria y no podrán regresar al servicio activo hasta dos años después del cese, aunque cobrarán su salario.

Los altos cargos políticos no podrán ser designados vocales del CPGJ hasta pasados cinco años y quienes aspiran a entrar en el órgano de gobierno de los jueces deberán presentar al Parlamento una memoria de méritos y objetivos.

En el seno del CGPJ se creará una comisión de cinco vocales que informará todos los nombramientos discrecionales que deba hacer el pleno, que deberá elegir a los altos cargos de la judicatura con una mayoría de tres quintos.

No más políticos al frente de la Fiscalía

La principal reforma pactada en torno a la Fiscalía busca evitar que se repitan nombramientos como el de Dolores Delgado, que pasó directamente del Ministerio de Justicia a ejercer como fiscal general del Estado.

No podrá ser nombrado para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido titular de un ministerio, una secretaría de Estado, una consejería autonómica o una alcaldía o quien haya tenido escaño en un parlamento.

1.000 jueces y fiscales nuevos en los próximos cinco años

La proposición pactada plantea reforzar las plantillas de jueces y fiscales convocando "a futuro" 200 plazas cada año durante cinco años para atender al incremento de la litigiosidad y reducir la saturación de los juzgados.

No se prevén cambios en el actual sistema de acceso a ambas carreras, a través de oposiciones.