Francisco Canes Doménech, presidente de Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, se ha reunido esta mañana con portavoces del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GCUP-EC-EM): Jorge Luis Bail, Diputado por Huesca de Unidos Podemos y Portavoz de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible; y Jaume Moya Matas, Diputado por Lleida de En Comú Podem y Portavoz adjunto de la Comisión de Justicia para tratar la reforma del Código Penal y denunciar la penosa situación en que han quedado las víctimas después de esta reforma.
Bail y Moya han agradecido la comparecencia de Asociación DIA y del resto de asociaciones de víctimas de usuarios/víctimas de tráfico y han tomado buena nota del feedback que sus portavoces les han trasladado.
La reforma deja a las víctimas en una situación penosa
Nuestra asociación advirtió desde el principio de las implicaciones negativas de la Reforma del Código Penal para las víctimas de accidentes: una mayor indefensión.
La última reforma del Código Penal, impulsada por el Partido Popular y que entró en vigor el 1 de julio de 2015, fue una de las más profundas realizadas sobre este Código desde que se aprobara en 1995.
"La última reforma del Código Penal ha sido un despropósito, y ha mermado considerablemente los derechos y la protección de las víctimas de accidentes y de sus familiares. Además, ha implicado también más obstáculos para los abogados/as de las víctimas" ha defendido Francisco Canes Doménech, "nuestra postura es clara: revertir los cambios que ha introducido esta reforma".
Con el nuevo Baremo hemos dado bastantes pasos atrás, pues la gran mayoría de la gente ha quedado más desprotegida, esto sumado a la última Reforma del Código Penal deja en una situación realmente muy penosa para las víctimas.
Un procedimiento más costoso y con menores garantías
Tanto Canes como representantes de otras asociaciones de usuarios y víctimas de tráfico, y en particular Alfonso Triviño, Secretario General de la Asociación de Ciclistas Profesionales, entidad con la que compartimos la visión acerca de estas últimas reformas tan lesivas para las víctimas, han puesto de relieve casi con unanimidad la necesidad de revertir muchos de los aspectos que en materia de Seguridad Vial entraron en vigor en julio de 2015 con la Reforma de Código Penal.
La principal reivindicación es recuperar las imprudencias leves. Un gran número de víctimas de accidentes de tráfico, con resultado de muerte o de lesiones graves, en los que la conducta del responsable es considerada como imprudencia leve, están siendo derivadas a la jurisdicción civil, siendo ésta mucho más costosa económicamente, y carente de la intervención del Ministerio Fiscal, que antes de la reforma garantizaba la protección de las víctimas.
"Antes de la reforma existía el concepto de faltas. Por ejemplo, con el anterior Código Penal, si una persona causaba un accidente y su conducta era calificada de imprudencia leve, esta era tipificada como una falta y la víctima podía emprender su defensa mediante un procedimiento penal, contando además con el amparo del Ministerio Fiscal en el caso necesario" explica Elena Fernández Cuadrado, abogada responsable del Departamento de Atención a Víctimas de Asociación DIA, "es necesario revisar los conceptos de imprudencia grave e imprudencia menos grave en el Código Penal, tipificar efectivamente qué conductas constituyen cada tipo de imprudencia. Una forma sensata de hacerlo es vinculando las imprudencias del Código Penal con las infracciones en la Ley de Seguridad Vial: las infracciones muy graves de la Ley de Seguridad Vial se corresponderían con las imprudencias graves en el Código Penal."
Más medios a los juzgados de instrucción y menos costes
Además, consideramos que es necesario que los juzgados de instrucción cuenten con más medios, como un modo de asegurar que no se limiten los derechos de la ciudadanía. Por otra parte, las reclamaciones por daños se han desplomado, y no es porque el Baremo esté impidiendo el fraude, como algunas aseguradoras quieren hacernos ver. Muchas víctimas de accidentes están dejando de reclamar por los nuevos costes que se les imponen a través de la vía civil.
El Director General de Seguros debe comparecer
Por último, Francisco Canes Doménech, presidente de Asociación DIA ha aprovechado para recordar a Bail y a Moya la petición que lleva trasladando nuestra asociación desde hace unos años: llamar a comparecer al Director General de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones en el Congreso para que explique de qué modo está la DGSFP supervisando la actividad de las aseguradoras. Pues, según Canes “La Dirección General de Seguros no sabe ni cuántas reclamaciones recibe por parte de las aseguradoras ni por qué motivo”.
Se pueden cambiar las leyes, pero si en la práctica nadie controla al controlador, seguiremos en situación de indefensión.
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