Recientemente, el abogado Rubén Gibert Fraile ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda del Gobierno estatal, Yolanda Díaz, como bien informa Pablo Montes a través de Economist & Jurist. Los cargos incluyen omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y malversación de caudales públicos. Aunque estas acusaciones pueden no llegar a ser consideradas como delito, plantean interrogantes válidos sobre la conducta de un alto funcionario del Gobierno.

Uno de los argumentos centrales de la querella es que Yolanda Díaz, como miembro del Gobierno, tiene la responsabilidad de defender las instituciones del Estado y promover la persecución de delitos. Esto, según el abogado Gibert, es incompatible con la reunión que mantuvo con Carles Puigdemont en Bruselas el 4 de septiembre, así como con la declaración conjunta de abogar por la vía política para resolver el conflicto y la posible negociación de una ley de amnistía.

Es importante señalar que la ley establece que los miembros del Gobierno deben promover la persecución de delitos, pero esta promoción no necesariamente implica perseguir a toda costa a quienes están acusados de delitos. La idea detrás de esta función es garantizar que se haga justicia y que los delitos no queden impunes. Sin embargo, la querella argumenta que la voluntad de establecer una "fórmula" para que Puigdemont evite la acción de la justicia va en contra de esta responsabilidad.

El argumento de la querella se basa en la noción de que Yolanda Díaz está ayudando a Puigdemont a "eludir la investigación de los hechos y su ejecución punible". Esto se considera encubrimiento, un delito según el Código Penal español. Además, se alega que Díaz podría haber utilizado fondos públicos para la comisión de estos hechos, lo que podría constituir malversación de caudales públicos.

Es importante enfatizar que la querella se encuentra en proceso y que la Sala Segunda del Tribunal Supremo aún no ha tomado una decisión sobre su admisión a trámite. Además, es fundamental recordar el principio de presunción de inocencia, que garantiza que una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Expuesto lo anterior, la querella plantea cuestiones válidas sobre la conducta de los funcionarios públicos y su papel en la promoción de la justicia y el Estado de derecho. La reunión de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont y la posible negociación de una ley de amnistía son temas legítimos de debate en una sociedad democrática.

La crítica aquí no es necesariamente sobre la comisión de delitos, sino sobre la conducta política y la responsabilidad de los cargos públicos en el cumplimiento de sus deberes. Es un recordatorio de que, en una democracia, los líderes políticos deben rendir cuentas por sus acciones y ser transparentes en su toma de decisiones, no debiendo por cuestiones políticas la vulneración de normas imperativas.

En cualquier supuesto, esta querella plantea preguntas importantes sobre los límites de la conducta política y la responsabilidad de los líderes en la promoción de la justicia y el Estado de Derecho. A medida que el caso avance, será interesante ver cómo se abordan estas cuestiones en el contexto legal y político de España.