La Directiva (UE) 2019/1937, también conocida como Directiva Whistleblowing, fue aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 23 de octubre de 2019 y entró en vigor el 16 de diciembre de ese mismo año. El pasado mes de diciembre se cumplió la fecha límite impuesta por la Unión Europea para la implementación de la directiva por parte de los Estados miembros en la legislación nacional. Hace poco más de dos meses el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones para la transposición definitiva de la Directiva Whistleblowing a la legislación española. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la Directiva Whistleblowing.

¿Qué es la Directiva Whistleblowing?

El objetivo de la Directiva Directiva Whistleblowing es proporcionar estándares mínimos comunes de protección en toda la Unión Europea para que las personas que deseen denunciar infracciones del derecho y las políticas de la UE cuenten con protecciones legales contra las represalias de sus jefes o compañeros, como el despido, el traslado, la intimidación o la degradación. Además, establece la necesidad de garantizar la confidencialidad del denunciante, es decir, la persona física que comunica las infracciones cometidas en el desarrollo de una actividad laboral.

La protección se aplica a las denuncias de irregularidades relacionadas con la legislación de la UE: contratación pública, servicios financieros, seguridad de los productos, del transporte, de los alimentos y del medio ambiente, seguridad nuclear, sanidad animal, salud pública, protección de los consumidores, privacidad y protección de datos personales, competencia, intereses financieros de la Unión y mercado interior.

¿A qué empresas afecta la Directiva Whistleblowing?

La Directiva Whistleblowing afecta a todas aquellas entidades públicas y privadas que cuenten con 50 empleados o más, así como aquellas que tengan un volumen de facturación anual superior a los 10 millones de euros y, también, a todas las organizaciones del sector financiero. A partir de ahora, estas empresas tienen la obligación de establecer una política y un canal de denuncia que brinde protección legal a aquellas personas (trabajadore, personas en situación de dependencia económica de la empresa, contratistas y proveedores, entre otros) que quieran informar sobre conductas indebidas e infracciones de leyes y reglamentos. Por su parte, las empresas que tengan más de 250 trabajadores disponen de un período transitorio de dos años para implementar esta herramienta.

¿Qué obligaciones establece la Directiva Whistleblowing para las empresas?

Una de las principales obligaciones que establece la Directiva Whistleblowing es la creación de canales de denuncia internos y externos. Estas herramientas permiten, entre otras cosas, garantizar el anonimato de la denuncia y la protección de los datos personales en línea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como automatizar la gestión y el seguimiento de los casos denunciados. De esta forma, los denunciantes deben poder presentar las denuncias por escrito a través de un canal digital, por correo postal o a través de una línea telefónica, así como cualquier otro medio de comunicación equivalente.