Madrid, 11 abr (EFE).- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) logró el pasado año retirar con inmediatez la totalidad de los vídeos con contenidos violento o sexual que se difundieron si el permiso de las personas que aparecen en ellos y cuya eliminación se reclamó a través de su "Canal Prioritario".

Este organismo puso en marcha ese canal en 2019 para retirar con urgencia los contenidos sexuales o violentos que se hayan publicado en Internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos y evitar de esa manera que se viralicen.

El pasado año se realizaron 36 intervenciones de urgencia por esa vía y se lograron retirar los contenidos sensibles con inmediatez en la totalidad de los casos, según los datos que aparecen en la Memoria de la Agencia Española de Protección de Datos correspondiente a 2023, que se ha dado hoy a conocer.

La publicidad no deseada, junto con los servicios de Internet y los sistemas de videovigilancia, volvieron a concentrar la mayoría de las reclamaciones que los ciudadanos plantearon a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), junto a las relacionadas con el comercio, el transporte y hostelería y las entidades financieras.

Durante el pasado año el número de reclamaciones que se llevaron a este organismo ascendieron a 21.590, lo que supone un aumento del 43 por ciento con respecto al año anterior y del 55 respecto al año 2021, aunque la cifra global sumó 22.348 incluyendo los casos transfronterizos y en los que la Agencia actuó por iniciativa propia.

Los datos facilitados hoy por la Agencia revelan que también aumentaron las reclamaciones resueltas y que se finalizó la tramitación del 86 por ciento de las reclamaciones, lo que permitió dar una respuesta más rápida a los reclamantes, ha destacado el organismo que vela por la adecuada protección de los datos personales y la privacidad.

La memoria recoge el listado de las administraciones públicas que fueron sancionadas por incumplir los requerimientos o las medidas correctivas que les impusieron, y la Agencia ha recordado que tanto la falta de respuesta a esos requerimientos como el hecho de no acreditar que se han cumplido las medidas impuestas suponen infracciones muy graves.

El texto también incluye las sanciones impuestas que superan el millón de euros (al BBVA, a Caixabank y a Openbank), y un repaso por los procedimientos sancionadores más relevantes y de mayor impacto.

Las seis áreas de actividad con mayor importe global de multas son las relacionadas con brechas de datos personales (que pasa de los 821.800 euros en 2022 a 12.907.000 euros en 2023); las entidades financieras (que asciende de los 596.200 euros en 2022 a 5.321.000 euros en 2023), o los derechos de protección de datos (2.633.400 euros).

Destacan también las multas por contratación fraudulenta (2.571.500 euros), telecomunicaciones (1.942.000 euros) y servicios de Internet (1.058.700 euros), según los datos facilitados por la AEPD, que ha precisado que esas seis áreas suponen el 89 por ciento del importe global de sanciones, que en 2023 ascendió a 29,8 millones de euros.

Durante el pasado año continuaron además las campañas y materiales de concienciación, varios de ellos en colaboración con otros organismos, para que las familias y los centros docentes conozcan los riesgos asociados al mal uso de las pantallas, Internet y las redes sociales, y puedan convertirse en aliados para fomentar la educación y el espíritu crítico de los más jóvenes.

Refleja además el compromiso de la Agencia con la igualdad de género y con la protección a la infancia y adolescencia en Internet, y recuerda la Memoria en ese sentido que una de las medidas más destacadas del pasado año fue la presentación del sistema de verificación de edad para proteger a los menores de edad ante el acceso a contenidos de adultos en Internet.