Madrid, 29 feb (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado este jueves que el Gobierno es "abiertamente abolicionista" de la prostitución y ha defendido la necesidad de contar con una legislación que penalice a quienes pagan por acceder al cuerpo de las mujeres y a toda persona que se lucre de ello.
"Para este Gobierno la prostitución es una forma de violencia y nos declaramos abiertamente abolicionistas. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean prostituidas. (...) Queremos dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo, que acaben con la prostitución y que articulen una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud", ha subrayado Redondo.
Durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género del Congreso de los Diputados, Redondo ha afirmado que es "imprescindible" sancionar la demanda de prostitución, castigar todo tipo de proxenetismo y volver a incluir en el Código Penal la tercería locativa, es decir, el castigo penal a quien gana dinero alquilando espacios donde las mujeres son prostituidas.
"Este es el camino para acabar con la execrable vulneración de derechos humanos de mujeres y niñas en el mundo", ha aseverado.
Redondo ha precisado que el grupo parlamentario socialista registrará una proposición de ley con esas medidas, al igual que hizo la pasada legislatura.
Asimismo, ha señalado que su ministerio trabaja "intensamente" en la ley integral contra la trata (que tampoco llegó a buen puerto en la pasada legislatura), con el objetivo de tenerla lista "lo antes posible", si bien ha matizado que se contará con la sociedad civil y entidades especializadas que trabajan con supervivientes.
La titular de Igualdad ha informado de que el Plan Camin, de atención a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata y explotación sexual, ya ha atendido a más de 20.000 adultas y 700 menores en todo el territorio español.
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