• 500.000 euros entre multas e indemnizaciones, una de las mayores en la historia de la piratería audiovisual en España

Recientemente, el Juzgado de lo Penal nº4 de Málaga dictó una sentencia histórica para la defensa de los derechos audiovisuales de los clubes de LaLiga, que significó la imposición de multas e indemnizaciónes de casi 500.000 euros a los integrantes de una red dedicada la venta de decodificadores con contenidos pirateados, entre los que se incluía fútbol.

La sentencia impone la condena de 6 meses de prisión y 1.800€ de multa para el administrador de la empresa que distribuía ilícitamente los contenidos, así como 40.000€ de multa para la persona jurídica. Además, se indemniza con 200.000€ a LaLiga, 200.000€ a Mediapro y 20.000€ a EGEDA. Las tres acusaciones particulares percibirán también 10.000€ en concepto de las costas procesales que se les han generado.

La empresa condenada ha aceptado además regularizar su situación y convertirse en cliente de los legítimos licenciatarios de los contenidos.

Se trata de una de las mayores indemnizaciones en materia de piratería audiovisuales en España y la primera sentencia que obtiene LaLiga que afecta a un operador regional de estas dimensiones. Una empresa que contaba con unos 5.000 clientes que abonaban cada mes unos 47 euros aproximadamente por cliente.

La red operaba en en las zonas de Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Guadacorte, Guadiaro, Marbella, Mijas, Málaga y Torremolinos.

La Policía Nacional desarticula una red pirata Además, recientemente la Policía Nacional informó de la desarticulación de una red dedicada a la comercialización ilegal de canales de pago y vídeos bajo demanda que daba servicio a unos 20.000 clientes por toda el territorio nacional, a la que se le calcula un beneficio superior al millón de euros.

La operación se ha saldado con la detención de los doce integrantes de la organización, el cierre de siete páginas web y dos perfiles en redes sociales donde se anunciaban los servicios ilícitos, así como la realización de trece entradas y registro en domicilios distribuidos por toda la geografía española en los que se intervinieron los efectos que empleaba la organización.

LaLiga denunció este entramado en junio de 2018 tras detectar la existencia de un grupo de Facebook en el que se anunciaba la venta de servicios de IPTV para ver de forma ilegal los partidos de fútbol. Además, desde LaLiga se ha colaborado activamente con la Policía Nacional en la investigación de los hechos, facilitando una suscripción a este servicio de IPTV para su monitorización durante el último año.

A raíz de estos hechos LaLiga ha procedido inmediatamente a personarse como acusación particular en el Juzgado de Instrucción nº6 de Madrid, donde se instruyen los hechos.