Según un estudio presentado por la Coalición de Creadores e Industría de Contenidos, plataforma que agrupa a las diferentes industrias, el 87,48 % de todos los contenidos consumidos en 2015 eran ilegales, y solo el 36 % de accesos fueron legales, un cuatro por ciento menos que el año anterior. El porcentaje de consumidores que accedió ilícitamente a contenidos en internet subió hasta el 63 % desde el 58 % registrado en 2014.”
Se hizo una buena reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pero las leyes por sí solas no protegen los derechos de los creadores. Deben ser aplicadas, como así se ha hecho en países de nuestro entorno como Portugal o Italia”, manifiesta José Manuel Tourné, presidente de FAP. Para este profesional de la industria audiovisual, contar con más medios y una fiscalía especializada que persiguiera este tipo de delitos podría ser importante de cara a frenar este tipo de prácticas ilegales.
La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), de la que nuestro interlocutor es presidente, es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 1984 con la misión de concienciar públicamente a las autoridades y a la sociedad sobre las graves consecuencias de las infracciones contra la propiedad intelectual, promoviendo legislación adecuada para la protección de las obras audiovisuales, favoreciendo la aplicación de dichas leyes y buscando formas de colaboración con el resto de agentes implicados.
Con la incorporación de AEVI en 1998, FAP extiende su actividad al sector de los videojuegos. Miembros de esta entidad son ADIVAN, Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ámbito Nacional; la asociación de ámbito internacional de este ramo ADICAN; UVE, Unión Videográfica Española y otros colectivos. En este informe sobre piratería en 2015 se indica que el volumen de películas a las que se accedieron a nivel ilegal fue de 878 millones. Un 37 por cien de los usuarios lo hicieron ilegalmente y solo el nueve por cien accedieron de forma legal. Sobre los videojuegos, los datos hablan de 225 millones los accesos ilegítimos. Un 52 por cien de esos videojuegos estaban en el mercado hace menos de un año cuando se accedieron ilegalmente.
¿Cuál es la causa del auge de la piratería en las obras audiovisuales?
Hay una alarmante falta de medios a la hora de perseguir el fraude y al delincuente. La propia Comisión Segunda de la Propiedad Intelectual, más conocida como Comisión Sinde tiene una falta de medios alarmantes. Eso hace que los procedimientos que abren a posibles webs piratas se eternicen.
Tenemos dato que cada uno ellos supone unos 500 días a nivel administrativo, mientras que a nivel penal pueden llegar a los seis años, algunos de ellos prescriben porque no les da tiempo a los jueces a instruirlos suficientemente.
Da la sensación, entonces que es fácil delinquir en este sentido...
Sale casi gratis. Si vemos lo que hacen nuestros países vecinos, veremos que están buscando una manera de frenar el auge de la piratería a nivel de creadores. La GECOM , agencia parecida a la Comisión Sinde en Italia, ha cerrado unas doscientas webs de contenidos ilícitos.
Al mismo tiempo en Portugal, las autoridades han llegado a un acuerdo con los prestadores de servicios, con lo cual pueden responder civilmente ante determinados asuntos, también el número de webs es similar las que se han bloqueado. Eso ha hecho que la piratería haya caído en un setenta por ciento en el último año
¿Qué plantea FAP, entonces para frenar esta ola de fraudes que pone en tela de juicio a la industria audiovisual?
Sobre todo hay que dotar de medios a los órganos administrativos que como la Comisión Sinde se puso en marcha para proteger los derechos administrativos y si fuera necesario bloquear páginas piratas. El modelo italiano de protección intelectual se ha basado en dicha Comisión. Lo fundamental es junto con esos medios exista voluntad política para resolver el problema.
Desde la SETSI, Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, tiene no menos de 200 denuncias por el incumplimiento del artículo 10 de la LSSI, en esas páginas no se sabe quién está detrás de ella o quién es su titular. Y hasta ahora, aunque pueda parecer sorprendente, no ha resuelto ni un solo expediente.
Es evidente que el problema es grave y estamos ante una bola de nieve que no deja de crecer...
Estamos ante un problema complejo con dos vertientes. En primer lugar, de educación. Creo que no se le ha sabido explicar a la sociedad que este tipo de comportamiento de acceder a webs ilegales no es una conducta correcta. Creo que hacen faltan campañas institucionales como las que se coordinan desde la DGT, en materia de Tráfico, o Ministerio de Sanidad cuando se quiere decir claramente “NO a las DROGAS.
Cuando explicas las cosas y ves que se entiende, luego la aplicación y desarrollo de las normas es más sencilla y no hay tanto rechazo entre la propia sociedad. DGT lo hizo así, la campaña publicitaria fue dura, se veían los accidentes y sus secuelas y luego la aprobación de leyes más severas no fue tan contestada como se pensaba. A nadie le gusta el carnet por puntos pero puede verse que no ha sido contestado en exceso.
Con los datos que se han dado a conocer, da la sensación que alguna parte de la industria audiovisual española puede estar en peligro...
Es una situación delicada. Le puedo decir que un 30 por cien de los usuarios accede a series de televisión de forma ilegal a través de Internet. Eso supone 950 millones de euros con un valor en el mercado de 1567 millones. Hay unas 30 páginas de acceso legales que también coexisten pero, por desgracia son poco visitadas en estos momentos.
En el sector del videojuego, la situación también es mala. Cualquier avance que se haga en esta actividad cuesta mucho dinero. Son inversiones que se estudian pero que como revelan los datos incluso antes del primer año de vida de estas creaciones ya hay copias piratas que se consumen en el mercado.
¿Debemos acostumbrarnos, por tanto, a tener estos niveles tan altos de piratería en nuestra sociedad?
Para nada. España estuvo en unos niveles ínfimos, menores incluso que los países nórdicos a principios de este siglo. Por desgracia, el auge de la piratería nos pilló desprevenidos. Las directivas europeas que han llegado a nuestro país se han transpuesto tarde y mal. Tanto la LSSI que venía de la directiva de comercio electrónico como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que provenía de las Directivas de Derechos de Autor, todas se han quedado cortas.
No olvidemos que en dos legislaturas de Rodríguez Zapatero terminaron retirando leyes que permitían poder ser un freno a la piratería. Se ha perdido mucho tiempo y eso se advierte en el auge de los contenidos ilegales y su consumo. Esto manda un mensaje a la sociedad que no pasa nada y que puedes consumir este tipo de contenidos ilegales porque no estamos seguros que tengamos que regular esta actividad.
Se advierte, entonces, una falta de voluntad política importante para resolver este problema que preocupa a muchas industrias creadoras...
Voluntad política no hay ninguna. Sorprende que una de las primeras leyes que aprobara el PP cuando llegó al Gobierno en esta última legislatura fuera el Reglamento de la Ley Sinde y que luego para aplicarla haya sido muy timorato desde su punto de vista práctico, con procedimientos que como ya le he dicho algunos han llegado a los novecientos días.
Se nos dijo que los procedimientos serían ágiles y que en dos meses, a lo sumo retirarían enlaces no autorizados, cuestión que hasta la fecha no se ha logrado. Parece evidente, por tanto, dotar a la Comisión Sinde de los medios adecuados para que pueda hacer su trabajo con garantías. Miremos a Italia y Portugal y cómo están resolviendo este problema de forma eficiente.
En este contexto, ¿Cuál puede ser la evolución de esta situación actual?
La industria confía en que se aprueben las leyes que han sido aprobadas. Que la Comisión Sinde tenga más medios para que esos procesos sean más agiles y dicha entidad sea más efectiva. Los creadores hemos pedido que se cree una Fiscalía especial para este tipo de delitos.
Creemos que ayudaría mejor a la persecución de los delitos y que un fiscal especializado podría explicar mejor a los jueces la problemática de la que estamos hablando. Los medios de pago y la publicidad deben colaborar como dice la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pero es fundamental que se aplique desde el punto de vista práctico.
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