Barcelona, 11 jun (EFE).- Una juez ha citado a declarar como investigados a varios miembros de la junta de gobierno del Colegio de Procuradores de Barcelona, entre ellos su decano, Ángel Quemada Cuatrecasas, a raíz de una querella por revelación de secretos que les acusa de acceder irregularmente a datos de procesos judiciales.
En una resolución, a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona cita a declarar a once integrantes de la anterior junta directiva del Colegio, entre ellos cinco que siguen formando parte de la actual, por un delito de revelación de secretos.
La imputación deriva de una querella presentada por el procurador Miguel Torres, a quien el Colegio de Procuradores de Barcelona reclamó 2.629 euros en cuotas colegiales por intervenir en procedimientos judiciales de Barcelona pese a estar colegiado en Guadalajara.
Torres, miembro del Colegio de Procuradores de Guadalajara pero que ejerce en toda España, mantiene en su querella que el Colegio de Barcelona le ha remitido unos listados con información sobre procedimientos judiciales en los que ha intervenido para exigirle una serie de cuotas colegiales.
Según Torres, dichos listados incluyen la fecha de los escritos de personación presentados por él en los distintos órganos judiciales, así como en algunos casos la identidad de las partes personadas o el número de procedimiento judicial.
Esos datos, añade la querella, se habrían obtenido "mediante el acceso informático no autorizado a los ficheros de juzgados y tribunales", sin conocimiento de los jueces o letrados de la administración de justicia, lo que en su opinión constituye un delito de revelación de secretos.
Torres fue sancionado por el Colegio de Procuradores el pasado mes de marzo por incumplimiento de sus deberes profesionales.
Por su parte, fuentes de la entidad han recordado a Efe que ya se archivó otra querella por hechos similares presentada en 2017 por el mismo procurador, al no apreciar delito, y han asegurado que los miembros de la junta del Colegio colaborarán con el juzgado en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos dado que confían "plenamente" en la administración de justicia.
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