El Consejero de Políticas Migratorias y Justicia de Navarra, Eduardo Santos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, han firmado y formalizado este miércoles un protocolo de colaboración en materia de atención a la salud mental de todas las personas incursas en procedimientos judiciales penales.
Este protocolo se enmarca en la reciente asunción de las competencias de sanidad penitenciaria por parte de la Comunidad Foral y en la estrecha colaboración que el Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa mantiene con juzgados, tribunales, instituciones penitenciarias y distintos proyectos con la población reclusa.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta, en la actualidad, el sistema penitenciario español es el elevado número de personas que sufren alguna enfermedad mental, patología psiquiátrica o trastornos adictivos y que cumplen penas y medidas de seguridad privativas de libertad.
Así, este protocolo de colaboración tiene por objeto precisamente coordinar la relación entre los operadores jurídicos y sanitarios, para que la atención a estas patologías psiquiátricas contribuya a reducir la reincidencia de aquellas personas que han cometido delitos a causa de su enfermedad.
Establecer este tipo de mecanismos de coordinación es necesario para conseguir una atención sanitaria y social adecuada de todas las personas que, presentando alguna de estas patologías, se vean incursas en procedimientos judiciales penales ante los órganos judiciales de Navarra o estén cumpliendo penas o medidas de seguridad en establecimientos penitenciarios situados en la Comunidad Foral con independencia del tribunal sentenciador.
Un nuevo servicio referente en el Estado
El Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra, dependiente del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, a través de la Dirección General de Justicia, se puso en marcha el pasado mes de marzo de 2021.
En apenas un año de funcionamiento, se ha convertido en una referencia estatal por la capacidad de integrar a profesionales de diferentes ámbitos en la búsqueda de planes e itinerarios personalizados para que las personas condenadas superen la situación que les haya llevado a cometer un delito. Y busca garantizar a las personas presas que no pierdan derechos (como a la salud o la educación) que sus condenas no les quitan.
En el caso de las personas condenadas a prisión, el objetivo es que, paulatinamente, aumenten las penas privativas de libertad que se cumplen en régimen abierto; y que, de ahí, se pase a cumplir la pena en un régimen de libertad supervisada que les permita, con los apoyos y evaluaciones que sean precisos, desarrollar su vida en su ámbito natural de socialización, tanto a nivel familiar, como social y laboral.
El Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, además, es responsable de coordinar los trabajos de la Mesa Penitenciaria: un órgano de participación de diferentes colectivos y entidades que trabajan con la población reclusa de Pamplona. El objetivo de esta Mesa Penitenciaria es abordar con estas entidades las cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida y la atención en el centro penitenciario de la capital navarra.
Con motivo de este primer año de funcionamiento del servicio, la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra ha lanzado, a través de redes sociales, un vídeo para explicar a la sociedad los principios que inspiran el Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, así como las actuaciones que se desarrollan desde el mismo.
“El audiovisual, elaborado tanto en castellano como en euskera y basado en la facilitación gráfica, resume de qué manera este servicio promueve un concepto de seguridad basado en la justicia y en nuestra cohesión como Comunidad”, explican desde el servicio responsable de su elaboración.
“Una ejecución penal más humana y más justa”
Para el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, “este material audiovisual quiere explicar los principios y valores que mueven nuestra acción política en esta materia; y quiere destacar también lo positivo para el conjunto de la sociedad de una ejecución penal más humana, más justa y enfocada a la reinserción”.
Sainz de Rozas ha hecho hincapié en que “no es casual que la mayoría de personas presas provenga de los sectores socialmente más desfavorecidos”, lejos de ser una casualidad, “es una muestra de injusticia estructural, que genera un círculo vicioso entre delincuencia, cárcel y exclusión social”.
“Las personas condenadas son parte de nuestra sociedad, y volverán plenamente a ella en algún momento, cuando cumplan su condena; el objetivo es que ese retorno a la convivencia en sociedad se produzca con garantías, y debemos ayudarles en ese proceso de reinserción y facilitarles una vida sin delito”, ha explicado Sainz de Rozas.
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