Blanca Ramos intervino en un debate emitido por Navarra TV en el que también participaron Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, la abogada Paloma Zorrilla y el abogado Sergio Gómez. La decana, tras mostrarse contraria a la prisión permanente revisable “y por supuesto a la ampliación prevista”, recordó que esa es la posición que mantiene institucionalmente el Consejo General de la Abogacía Española.

 

“Entendemos, en coherencia con lo que se ha propuesto en el recurso de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución, que atenta contra diversos preceptos de la Constitución Española”, expuso Blanca Ramos, quien en este sentido añadió que “no solo es una cuestión de humanidad, es también jurídica, de respeto a una norma que nos rige, la Constitución”.

 

La catedrática Inés Olaizola coincidió con los argumentos de la decana del MICAP y dijo que la supresión de la prisión permanente revisable no crearía ningún problema porque los delitos a los que se refiere están penados con hasta 40 años en el Código Penal. Olaizola recordó además que con la reforma de 2003 se introdujo el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas, por lo que desmintió que vayan a estar entrando y saliendo de los centros penitenciarios quienes cometan los delitos penados con la prisión permanente revisable aunque ésta se eliminara.

 

Por el contrario Paloma Zorrilla y Sergio Gómez consideraron que se trata de una medida acertada. La abogada señaló que salvo en Portugal está vigente en todos los países de Europa y que aún es más dura en Francia, donde existe la posibilidad de que se aplique sin revisión. Zorrilla advirtió de que está pensada para delitos “especialmente graves” cometidos por delincuentes “no reinsertables”. “Es una medida de excepcionalidad extrema”, afirmó.

 

Sergio Gómez opinó que la prisión permanente revisable permite la reinserción de los delincuentes a los que se impone aunque su “fin primordial es apartar a esas personas de la sociedad”, y también dijo que solo se contempla ante “determinados delitos execrables que dañan o bien a la generalidad de toda la sociedad o que atacan a personas especialmente vulnerables” de cuyos autores “no se prevé una reinserción plena”. Por ello consideró que la sociedad “debe contar con este instrumento”.

 

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