Madrid, 8 may (EFE).- El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha exigido este miércoles al Ejecutivo el "cese inmediato" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante "el incumplimiento de sus funciones".

La reprobación al fiscal general en la Cámara Alta ha contado con 144 votos a favor de PP y Vox, 97 en contra del PSOE y la Izquierda Confederal pero con 19 abstenciones, todas ellas de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, ERC, Junts, PNV y Bildu.

Así, el pleno ha aprobado una moción del PP por la que se insta al Gobierno a proponer la destitución del fiscal general ante "el incumplimiento de sus funciones y a la designación de uno nuevo".

En la defensa de la moción los populares han incidido en los motivos que llevaron a la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace más de cinco años, a considerarle "no idóneo" para el cargo, algo que sucedió por vez primera en democracia.

Pero también han destacado que "si tuviera la más mínima dignidad ayer mismo habría dimitido", porque "el Supremo le ha dado un nuevo varapalo", tras tumbar el nombramiento de su antecesora en el cargo Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, lo que denota "nombramientos afines".

Y también por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de investigar la querella del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales por presunta revelación de secretos.

"Saquen sus sucias manos de la instituciones y cesen al fiscal general", ha dicho la popular María José Pardo, quien ha acusado al PSOE de mentir porque el fiscal general "sí puede ser cesado", al contrario de lo que sostienen los socialistas.

Desde el PSOE, José María Oleaga ha destacado "el currículum brillante" del fiscal general asegurando que "este ataque" no tiene nada que ver con sus alegaciones sino con que García Ortiz fue el fiscal del caso Prestige. "Deben respetar al fiscal general, abandonar los bulos, la confrontación y la descalificación".

En cuanto al resto de grupos, Vox ha reclamado el cese "por los escándalos protagonizados", la Izquierda Confederal ha arremetido contra el PP por "comportarse como unos matones" mientras que Junts y PNV han cargado contra los dos grandes partidos por su relación, cuando cada uno de ellos ha gobernando, con el fiscal general.

La reprobación llega en uno de los momentos más delicados para García Ortiz desde que asumió su segundo mandato al frente de la Fiscalía General el pasado enero, tras los dos importantes reveses judiciales que vivió este martes.

Ayer, el Supremo tumbó el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática precisamente por un argumento que señala directamente a García Ortiz.

En el fallo que adelantaron los magistrados, piden al Consejo Fiscal que estudie si concurre una causa de incompatibilidad por la actividad del marido de Dolores Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, una petición que en su momento rechazó de plano el fiscal general.

Por cierto, se trata del segundo nombramiento que el alto tribunal anula a Delgado, una vez que ya invalidó su designación para la fiscalía togada del Supremo el pasado noviembre al alegar que el fiscal general incurrió en "desviación de poder".

Desde entonces, esta acusación persigue al fiscal general en todas las polémicas que envuelven a la institución y que salpican de una u otra forma a García Ortiz, muy cuestionado por dos de las tres asociaciones de fiscales y con poco apoyo en el Consejo Fiscal.

El otro revés sufrido ayer tuvo que ver con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de investigar la querella de la pareja de Díaz Ayuso contra dos fiscales por presunta revelación de secretos.

Se trata de la querella por la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre la investigación por fraude fiscal al empresario y la oferta de su abogado para llegar a un acuerdo de conformidad con el ministerio público.

El tribunal ha adoptado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía que, tras un debate interno, pidió no admitir la querella al considerar que no existía ningún delito, y después de que García Ortiz haya asumido la "responsabilidad ultima" en esta cuestión.