La Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia Pesquera denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo la pasividad de España y de la UE en el control de la potencia motriz de los buques pesqueros delimitada por ley.
Asimismo, denuncian que la situación ha llevado a la sobreexplotación de los caladeros con cada vez menos actores. En la actualidad, hay apenas 70 de los 135 que había en 1995. Este incumplimiento reiterado ha llevado a unas cuotas de pesca por encima de lo estipulado, concentrada en pocos buques. Como consecuencia, cada vez hay un número menor de ejemplares, lo que repercutirá en la oferta de pescado en los mercados, aseguran desde la Plataforma.
Desde 2009, España tiene el imperativo legal revisar la potencia nominal de los barcos en aplicación del Reglamento 1224/2009, pero según afirman desde la Plataforma de afectados, ni el Gobierno español ni la Comisión Europea han estado cumpliendo con su trabajo.
En palabras de Francisco Pérez, portavoz de la Plataforma de afectados, “desde el Gobierno de España hemos obtenido poca o ninguna respuesta acerca de este tema. Hoy, los barcos que incumplen la normativa, y que incluso los que han sido inspeccionados, continúan faenando en situación irregular. En las instituciones europeas ha habido la misma falta de voluntad política que en España. Desde la Plataforma exigimos que se encuentre una solución para que las autoridades puedan verificar de forma más eficaz el incumplimiento de estos reglamentos. La Política Pesquera Común ha fracasado”.
En lucha desde hace cinco años
En 2002, la Comisión Europea dictó un reglamento (2371/2002), por el cual se fijan las reglas de la política pesquera común, entre ellas, la reducción de capacidad de la flota pesquera europea. Desde entonces, no solo no se ha puesto remedio a la situación, sino que además se ha ido incrementando la potencia de los barcos. En 2009, España empieza a tener el imperativo legal de revisar la potencia nominal de los barcos en aplicación del Reglamento 1224/2009, pero no ha estado llevando a cabo su labor.
Desde la Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia Pesquera llevan desde 2015 denunciando la situación. Primero, ante las autoridades españolas dos años consecutivos. Posteriormente, en 2017, llevaron la queja hasta la Comisión Europea, que hizo caso omiso, por lo que decidieron llevar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En junio del año siguiente, la Comisión Europea archivó la denuncia.
En enero de 2019, presentaron la denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esta vez, se admitió la queja, la Comisión Europea la respaldó y publicó un informe en el que se incluían las denuncias presentadas desde la Plataforma entre 2015 y 2017, además mostrar claras evidencias del incumplimiento del reglamento por parte de 15 estados miembros, entre ellos España.
El informe subrayaba que el 51% de los buques revisados no cumplían la norma y que el 67% de los mismos o no cumplían o había indicios de que la nave había sido manipulada. En definitiva, apenas un 30% de los barcos examinados cumplían con las obligaciones de esa regulación.
“La Política Pesquera Común ha fracasado”
Ese mismo año, el Comité de Pesca del Parlamento Europeo debatió las conclusiones del estudio promovido por La Comisión. En su discurso, Chris Davies, expresidente del Comité de Pesca, aseguraba durante la sesión en la que se estudiaba el informe que “una parte fundamental de nuestra política pesquera es falsa, corrupta y fraudulenta en este sentido”.
En la actualidad, a pesar del informe que respalda las denuncias pasadas, desde la Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia Pesquera han decidido elevar su queja ante el Defensor del Pueblo Europeo para exigir que se encuentre una solución.
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