El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres reclaman que la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, tenga en cuenta los abortos coercitivos y las esterilizaciones forzosas de mujeres con discapacidad como violencia sexual.

La organización ha hecho llegar sus propuestas de enmiendas a la norma a los diferentes grupos parlamentarios que están trabajando en la actualidad en la tramitación de esta norma en el Congreso. En concreto, les llaman a incluir dos nuevos artículos.

El primero de ellos, explica el CERMI, debería incluirse dentro del capítulo de detección de las violencias sexuales, para tener en cuenta los de casos de aborto coercitivo y esterilización forzosos. El segundo, por su parte, plantearía el Derecho a ajustes de procedimiento y apoyo en la toma de decisiones en el acceso a la justicia.

Además, insta a aplicar el artículo 39 del Convenio de Estambul en esta ley que toma en consideración, junto con la libertad sexual, la indemnidad sexual.

De la misma manera, la entidad propone algunas disposiciones adicionales que tienen que ver con apoyos para la toma de decisiones y con la valoración del grado de discapacidad y agresiones sexuales.

En relación al derecho a la asistencia integral especializada y accesible, el CERMI aboga por que los servicios de atención a la salud mental que se presten a las mujeres víctimas de violencias sexuales sean diseñados con perspectiva de género y derechos humanos para que garanticen el consentimiento libre e informado de la mujer para cualquier tratamiento médico.

Y, finalmente, la organización recuerda a los grupos parlamentarios que las leyes deben tomar como referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para cumplir con lo establecido en la misma y diseñar leyes garantes que no dejen atrás a las personas con discapacidad y en este caso, a las mujeres con discapacidad.