• Desde el despacho de AESYR&Abogados alertan del creciente aumento de las estafas y ventas abusivas a colectivos vulnerables, personas de edad avanzada, dependientes y en situación de discapacidad.
• El programa La hora de la 1, de Televisión Española, se ha hecho eco de un caso en Cantabria, entrevistando también a Ángel Sánchez Resina, director del despacho santanderino y representante legal de la persona afectada.

El programa La hora de la 1, de Televisión Española, se hizo eco del caso de una de las personas afectadas por este tipo de estafas en su emisión de este martes 21, entrevistando también a Ángel Sánchez Resina, director del despacho santanderino y representante legal de la afectada.

El abogado, experto en consumo, habló sobre el creciente número de casos de este tipo que llegan a su despacho. En muchos de ellos, son estafas puras y duras; en los más livianos, se trata de ventas abusivas, mediante la elaboración de contratos con claúsulas ilegales.

“El problema fundamental es que se producen en el ámbito privado, cuando los estafadores visitan a personas mayores, solas o en pareja, y se ganan su confianza para conseguir venderles todo tipo de productos absolutamente innecesarios, a unos precios desproporcionados” declaró para TVE el jurista.

Además, el director de AESYR pone el acento en que los estafadores engañan a sus víctimas para que firmen, además del pedido, un contrato de financiación a plazos y tampoco les informan del derecho de desestimiento, que tienen todas las compras a distancia.

Desde el despacho santanderino llevan numerosas denuncias en toda España. “En los casos más sangrantes, presentamos querellas criminales; de ahí las diligencias que ha abierto la Guardia Civil, porque son verdaderamente estafas en situaciones de coacción total y absoluta” proseguía Sánchez Resina.

Modus Operandi

Los organizadores de la estafa empleaban tácticas de venta agresiva para generar confusión en las víctimas, con constantes coacciones y amenazas,  bien de manera presencial o a través de “call center” existentes en los locales desde donde operaban.

La red de embaucadores compra en el mercado negro, paquetes de datos de personas que ya habían comprado colecciones de libros a otras empresas, o bien habían sido víctimas de múltiples estafas. Una vez los estudiaban, definían el método paradefraudar el máximo dinero posible.

Sánchez Resina incide en que, al producirse en el ámbito privado, “nunca hay testigos y es muy difícil poder acreditar la situación concreta, porque la gente mayor, o bien ha faillecido, o bien no están en las condiciones idóneas para declarar o recordar la situación”.

Uno de los modus operandi consiste en engañar a las víctimas una segunda vez, bajo el pretexto de que habían comprado colecciones de libros en cuyo contrato de compra se estipulaba la adquisición de nuevas ediciones de forma que, ante la posibilidad de tener problemas legales, las víctimas acaban cayendo nuevamente. “Por ejemplo, si el contrato es de un año en pagos aplazados, cuando se está por acabar reciben otra visita y van encadenando contratos fraudulentos. Llevamos casos de hasta incluso 100 mil euros de perjuicio”.

Condenas penales y civiles

La buena noticia es que las demandas civiles se están ganado por nulidad de los contratos, puesto que no hay ningún tipo de información contractual ni precontractual ni, sobre todo, del derecho del desestimiento. “Los tribunales generalmente nos dan la razón y anulan estos contratos, acordando la devolución de los importes abonados” puntualiza el abogado experto en este tipo de delitos.

En los temas penales, las diligencias ya están abiertas. De hecho, la semana pasada la Guardia Civil informó del desmantelamiento de una de estas redes criminales altamente especializada que se dedicaba a estafar a colectivos vulnerables, personas de edad avanzada, dependientes y en situación de discapacidad en toda España.

Dentro de la operación  'Abanterum', la Benemérita ha identificado ya a más de medio millar de personas víctimas de esta red por toda la geografía nacional: Cantabria, La Rioja, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Galicia, Granada, León, Málaga, Madrid, Navarra, País Vasco, Segovia, Soria, Tarragona y Valladolid, llegando a obtener un beneficio ilícito de más de 1.500.000 euros.