València, 21 nov (EFE).- Los juzgados de Valencia han recibido un total de nueve acciones judiciales, siete de ellas penales, en relación con la gestión y actuación de las administraciones públicas y sus responsables por la dana del pasado 29 de octubre.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, siete son acciones penales y las otras dos son recursos contencioso-administrativos.

En concreto, se han presentado dos querellas. Una de ellas interpuesta por la organización Iustitia Europa contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, y otra interpuesta por un particular contra el president.

La primera está en trámite, mientras que la segunda está registrada y se ha emplazado al querellante para completar la querella presentando un poder especial para su interposición.

Además, hay tres denuncias, una de ellas interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por delito contra los derechos de los trabajadores por el sindicato CGT contra Mazón.

La Fiscalía ha remitido la denuncia a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV al tener constancia del registro de la querella anterior, de Iustitia Europa, y se encuentra en trámite, pendiente de decisión de la Sala sobre la competencia y admisión o inadmisión.

Las otras dos denuncias están interpuestas por dos particulares, abogados, una contra el president de la Generalitat, y la otra contra el president y la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Ambas están en trámite, pendientes de decisión.

En los juzgados de instrucción se ha presentado una denuncia de Manos Limpias contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Agencia Valenciana de Emergencias.

El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción 20 de Valencia, por ser dicho órgano el primero que abrió diligencias previas por el fallecimiento de una persona en la capital para la correspondiente práctica de la autopsia.

La inhibición ha sido rechazada por este juzgado por considerarla "prematura" y no apreciarse en este momento procesal "nexo causal" entre los hechos que relata la denuncia y el fallecimiento de un vecino de la pedanía de La Torre por el que el juzgado incoó sus diligencias.

También se ha presentado una querella por parte de Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha sido inadmitida por el Juzgado de Instrucción 10 de Valencia por un defecto formal, al no presentar un poder especial sino general.

Por la vía contencioso administrativa se han presentado dos recursos. El primero interpuesto por Liberum con solicitud de medidas cautelarísimas contra la Delegación del Gobierno en la Comunitat.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV se declaró no competente para resolver por ir dirigido el recurso contra el Gobierno central y se inhibió en favor de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El segundo recurso ha sido presentado por un abogado por inacción contra la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las emergencias (AVSRE).

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV la ha admitido a trámite y conforme al artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se ha remitido oficio a la Administración demandada para que envíe los expedientes administrativos.