El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona aprecia indicios de un delito fiscal por la supuesta defraudación de 257.954,83 euros por parte del Club Atlético Osasuna -como persona jurídica- y siete directivos en 2013. El auto puede ser recurrido.
El magistrado emplaza en la resolución al fiscal y la acusación particular, ejercida por la Hacienda Tributaria de Navarra, que fue quien interpuso la querella, para que en el plazo de diez días formulen su escrito de acusación.
De la investigación llevada a cabo, según recoge la resolución judicial, resulta “indiciariamente acreditado” que, respecto al IRPF, la Hacienda Foral dejó de ingresar un total de 257.954,83 euros, desglosados de la siguiente forma: 137.957,85 por importes satisfechos a empleados no declarados, 20.871,63 por retribuciones en especie sin efectuar ingreso a cuenta, 12.891,57 por cantidades abonadas a jugadores del filial no declaradas, 54.600 por utilización de sociedades pantalla y 31.633,78 por rentas declaradas indebidamente exentas por dietas.
El juez asegura que tanto la querella presentada como el informe pericial obrante en el sumario, que han sido ratificados en presencia judicial, detallan “todos los conceptos objeto de defraudación y la labor desempeñada por las personas físicas que tenían un papel relevante en la gestión del club con conocimiento tanto de la forma de pago a los empleados como de la relevancia fiscal de las actividades de la entidad”.
Además de Osasuna como persona jurídica, en las diligencias están imputados el entonces presidente del club, Miguel Archanco, el gerente, Ángel Luis Vizcay, y los directivos Juan Antonio Pascual, José Manuel Purroy, Sancho Bandrés, Manuel Ganuza y Jesús Peralta.
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