Madrid, 15 nov (EFE).- El grupo parlamentario Sumar pide incluir el delito climático (ecocidio) en el Código Penal español con el objetivo de "disuadir la destrucción del medio ambiente".

Para ello, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley para incluir el ecocidio en el Código Penal español y para su discusión en el Parlamento, según un comunicado.

Recuerdan que el ecocidio es un “acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”, según la definición de un panel internacional de expertos reunidos por la organización internacional Stop Ecocidio.

Júlia Boada, la diputada de Sumar En Comú Podem, quien firma la iniciativa, afirma que "ante la evolución cada vez más preocupante de la crisis climática, es urgente tomar medidas de todo tipo, también penales, que modifiquen el sistema de incentivos actual".

La PNL registrada advierte de que las empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático "mantienen modelos de negocio que pueden tener gravísimas consecuencias a medio plazo".

Subrayan que la ONG Influence Map informó en 2019 que las cinco mayores multinacionales de gas y petróleo, ExxonMobile, Total, BP, Chevron y Royal Dutch Shell destinaron "más de 1.000 millones de dólares a prácticas lobistas de todo tipo" y en un caso más reciente recuerdan el Diesel Gate en el que la empresa de automóviles Volkswagen camufló con un software secreto las emisiones de dióxido de nitrógeno.

Posteriormente, "una investigación de la propia Volkswagen descubrió prácticas similares en varias compañías de la competencia".

Según Sumar, "el sector financiero tampoco está exento de responsabilidad", y muchos de los productos financieros que se venden como sostenibles a los clientes no lo son, y mencionan entre otros a los bancos españoles, Santander, CaixaBank y BBVA que "habrían invertido unos 1.000 millones de euros en algunas de las empresas más contaminantes del mundo".

La Proposición No de Ley advierte de que el sistema regulatorio actual "no es suficiente para evitar crímenes climáticos, ya sea por falta de recursos humanos y económicos o por falta de voluntad política de no hacer cumplir la regulación existente de protección y control".

Por ello, el grupo parlamentario pide también que se amplíen los recursos en la Fiscalía de Medio Ambiente para "adecuar" la práctica de diligencias, intervención o instrucciones en aquellos procesos penales relacionados con el medio ambiente.

El texto plantea también reconocer el ecocidio como crimen autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y transponer la Directiva del Consejo y el Parlamento Europeo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

Varias personalidades apoyan la inclusión del ecocidio en la CPI como quinto delito, según Stop Ecocidio.

Entre ellos, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, El papa Francisco, el diplomático español Federico Mayor Zaragoza, el presidente de Vanuatu, Nikenike Vurobaravy, la etóloga británica Jane Goodall, el exvicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la oceanógrafa Silvya Earl, la física Vandana Shiva o la activista sueca Greta Thunberg