Los delitos contra la Hacienda Pública son una categoría de delitos que se refiere a aquellas acciones o conductas que causan un perjuicio económico al Estado o a la administración pública y que están tipificadas como tales en el Código Penal español. Estos delitos incluyen, entre otros:

El delito de evasión fiscal, el delito de defraudación fiscal, la corrupción, el delito de cohecho y el fraude en la gestión pública.

El delito contra la Hacienda Pública es considerado un delito grave y puede ser perseguido por la autoridad judicial de forma penal. La sanción a imponer depende de la gravedad de los hechos, pero puede incluir multas, penas de prisión y la obligación de indemnizar los daños causados.

La protección de la Hacienda Pública es un interés fundamental de la sociedad y una de las tareas principales de las autoridades competentes. Por esta razón, la lucha contra el delito contra la Hacienda Pública es una prioridad para el Estado español y se lleva a cabo a través de medidas tanto preventivas como represivas. Vamos a ver las diferentes formas en las que se presenta el delito fiscal. 

El delito de evasión fiscal se refiere a la acción de no declarar o declarar de forma falsa o insuficiente ingresos, bienes o transacciones con el fin de evadir el pago de impuestos y tributos debidos. Es un delito contra la Hacienda Pública y está regulado en el Código Penal español.

El delito de defraudación fiscal se refiere a la acción de realizar maniobras o artificios con el fin de evadir o reducir el pago de impuestos y tributos debidos. También es un delito contra la Hacienda Pública y está regulado en el Código Penal español.

La corrupción es una conducta ilegal que consiste en el uso indebido de un cargo o función pública con el fin de obtener un beneficio encubrimiento o un beneficio para sí mismo o para terceros. Es un delito que afecta a la administración pública y está regulado en el Código Penal español.

El delito de cohecho se refiere a la acción de ofrecer o dar un soborno a un funcionario público con el fin de obtener un acto o una omisión en su beneficio de su cargo o en el de un tercero. Es un delito contra la administración pública y está regulado en el Código Penal español.

El fraude en la gestión pública se refiere a la acción de obtener un beneficio encubierto o una ventaja ilícita para sí mismo o para terceros mediante el uso indebido de un cargo o función pública. Es un delito contra la administración pública y está regulado en el Código Penal español.

Estos delitos son graves y pueden ser perseguidos por la autoridad judicial de forma penal. La sanción a imponer depende de la gravedad de los hechos, pero puede incluir multas, penas de prisión y la obligación de indemnizar los daños causados.

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