El Comité de Peticiones de la Unión Europea está pendiente de tramitar la fecha para oír y dar amparo a Vladimir Kokorev, el empresario hispano-ruso (camino de 28 meses en prisión preventiva, en el centro penitenciario canario de Juan Grande) acusado de ejercer de testaferro de Teodoro Obiang en España.

En el texto registrado, al que ha tenido acceso ‘Law&Trends’, se señala que “en una investigación iniciada en 2004, Vladimir Kokorev permanece privado de libertad, desde el 9 de Septiembre de 2015 -pese a la gravedad de su enfermedad que hace que a sus 64 años sea un auténtico anciano- investigado por un delito de blanqueo de capitales cuya pena en la legislación interna española oscila entre seis meses y seis años de cárcel, lo que supone una medida desproporcionada y una auténtica pena anticipada”.

A las instituciones europeas se les hace saber por parte de los abogados de la familia, afincada en España desde hace más de 20 años, que desde su detención no se ha permitido aún el acceso al material informático que le fue intervenido -que es la base de su acusación- que permanece sin ninguna custodia garantizada y sin control judicial, en poder de la UDYCO canaria.

La petición registrada en Bruselas hace alusión a que “extrajudicialmente y sin constancia en la causa se ha preparado la acusación a través del antiguo abogado de la familia que ha vulnerado el secreto profesional tras haber sido acusado de falsedad documental y delitos contra el patrimonio de la familia Kokorev”.

En concreto, Vladimir, empresario ya retirado, será oído y buscará obtener el amparo de las instituciones europeas por “una incorrecta aplicación de la legislación de la UE en un Estado miembro”, en este caso la legislación relativa a la aprobación y la prórroga de la prisión preventiva, y por parte de las autoridades judiciales y policiales de las Islas Canarias.

La petición alude al hecho de que “en las mismas circunstancias se encuentran su esposa Julia Maleeva y su hijo Igor, que han permanecido privados de libertad durante 25 meses sin evidencias de cargo mínimamente sólidas en su contra (…) durante todo el tiempo los tres estuvieron separados en módulos carcelarios diferentes sin ni siquiera permitir que el hijo pudiera cuidar de su padre enfermo, lo que supone un trato inhumano y degradante constitutivo de torturas”.

En recientes fechas, un grupo de europarlamentarios se han dirigido a la Fiscalía General del Estado manifestando su rechazo por los parámetros legales en los que se está conduciendo el proceso, y en concreto poniendo en duda que las autoridades canarias estén respetando la resolución del 5 de octubre de 2017 del Parlamento Europeo, en la que se establecen las mínimas condiciones bajo las que debe aplicarse y prorrogarse la prisión preventiva.

Europa denuncia que “tan flagrante desprecio de la presunción de inocencia de un ciudadano europeo es una afrenta a los valores de la Unión Europea, y es increíble que se puedan estar llevando a cabo en un Estado miembro”. Y hace hincapié en que “bajo el objetivo de una investigación, se están ignorando los principios más básicos que deben gobernar cualquier Estado de derecho, como el derecho a un juicio rápido (…) no es aceptable que en Europa se arrastre una investigación durante una década, y se sitúe a ciudadanos europeos entre rejas bajo el pretexto de que la instrucción es compleja, mientras hay en marcha un proceso prospectivo que se traduce en violaciones horribles de derechos humanos”.