El Parlamento Europeo ha emitido un comunicado por parte de un grupo de eurodiputados que siguen con especial celo las irregularidades e ilegalidades denunciadas en la instrucción del caso Kokorev, la investigación que (con dos archivos de la causa) se sigue desde hace catorce años contra Vladimir Kokorev, empresario jubilado y enfermo del corazón acusado de lavar dinero en beneficio de Teodoro Obiang.

Desde la Eurocámara se habla del caso como un “ejemplo de violación de los derechos humanos y de principios democráticos básicos”, en la medida en que tanto Vladimir como su esposa Julia y su hijo Igor fueron encarcelados preventivamente durante más de dos años y medio y aún hoy siguen pendientes de conocer si serán juzgados.

Desde la Eurocámara se recuerda que ni antes de su entrada en prisión provisional ni tras su salida “los investigadores encontraron ninguna prueba de culpabilidad”; y añaden que, a más abundamiento, tienen una gran preocupación por las pruebas que han manejado las autoridades policiales de Las Palmas de Gran Canaria (donde hoy sigue recluida en una suerte de arresto domiciliario la familia) y que, a tenor de las defensas de Kokorev, serían ilícitas dada la ausencia de custodia y las conclusiones de manipulación alcanzadas por una pericia independiente.

Aún más, los eurodiputados, de diversas nacionalidades, enlazan las ‘malas prácticas’ policiales en Las Palmas con el ambiente que se vive en España a colación del ‘caso Villarejo’, en el que, dicen “hay comisarios que hicieron escuchas ilegales y fabricaron casos con fines de chantaje”.

Así, la Eurocámara concluye que “los abusos de este tipo deben abordarse en el nivel superior europeo (…) las autoridades españolas deben prescindir de las personas que practican estos métodos (…) dado que la familia Kokorev ha recibido y sigue sufriendo un trato arbitrario (…) sin duda, la familia debe buscar la protección en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Un documental se proyectará internacionalmente en los próximos meses

La ‘reapertura’ del caso en Bruselas y Estrasburgo, donde ya se celebró un debate sobre la sospechosa evolución judicial y policial de la investigación, coincide con la preparación, según ha trascendido, de un documental sobre ‘el caso Kokorev’.

Las presuntas pruebas manipuladas, aún sin resolver aún por la juez de Las Palmas Ana Isabel de Vega, que investiga el caso, han dado pie a un trabajo que está dirigiendo y produciendo el director norteamericano Seamus McNally, que en una de sus estancias en Europa se sorprendió por el hecho de que una investigación tan dilatada y tan sospechosa contra ciudadanos judíos desembocase en una tragedia para la familia hispano-rusa.

El reportaje, como se observa en su previa difundida a través de la plataforma ‘Vimeo’, se construye a través de una colección de testimonios: expertos en corrupción y blanqueo, abogados, profesionales de la seguridad, investigadores, el entorno de la familia Kokorev… personas que en muchos casos han accedido al corazón de una investigación inédita que acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, tiene en su mano seguir adelante con las prórrogas ‘infinitas’ de la instrucción o conducir el caso por un derrotero distinto al seguido por el fiscal anticorrupción, Luis del Río Montesdeoca. El propio Moya se ha manifestado recientemente contra los daños colaterales que provocan en las personas las investigaciones dilatadas excesivamente en el tiempo.