Barcelona, 30 may (EFE).- Una jueza de Barcelona ha estimado la demanda presentada por la Sareb y ha ordenado a los okupas que viven en la casa "La Ruïna" de la plaza Bonanova de Barcelona que abandonen el edificio, bajo la advertencia de que serán desahuciados si no lo hacen voluntariamente.

En su sentencia, que puede ser recurrida, la titular del juzgado de primera instancia número 39 de Barcelona ha dado la razón a la Sareb, propietaria de más del 60 % del edificio ocupado, frente a los argumentos de los okupas, que pedían que se paralizara el proceso judicial mientras no se les ofreciera alquiler social.

"La Ruïna" y el edificio adjunto "El Kubo", también ocupado y propiedad de la Sareb, se convirtieron en munición electoral en vísperas de la campaña del 28M, cuando los alcaldables de PP, Valents, Vox y Cs acudieron a la plaza Bonanova a mostrar su apoyo a los vecinos mientras la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa anunciaba que echaría a los okupas por la fuerza.

La Sareb ha solicitado a los juzgados de Barcelona el desahucio de ambos inmuebles, en los que desde 2016 viven grupos itinerantes de "squatters": la justicia ordenó el pasado mes de marzo el desalojo de "El Kubo", pero se aplazó por falta de medidas de seguridad al ser colindante con "La Ruïna", con lo que la policía apuesta por ejecutarlos conjuntamente.

La semana pasada, en plena campaña electoral, el juzgado celebró el juicio por la demanda presentada por la Sareb para desalojar la Ruïna, una vista en la que la magistrada ya descartó la pretensión del abogado de los okupas de que se suspendiera el procedimiento para ofrecerles alquiler social en base a la ley catalana de vivienda.

La jueza desestima esa petición, con el argumento de que los okupas no han acreditado que concurran los requisitos establecidos en la ley y de que la jurisprudencia no prevé que el ofrecimiento de alquiler social sea una exigencia.

También alega la magistrada que la norma invocada por el abogado de los okupas es autonómica y, por lo tanto, no puede modificar la ley procesal, que es "competencia exclusiva del Estado".

Respecto al otro motivo esgrimido por los okupas de que la Sareb carece de legitimidad para instar al desalojo puesto que no es la única propietaria de la finca, la sentencia sostiene que la ley no exige ser el único dueño de un inmueble para reclamar el desahucio.

En ese sentido, recuerda que "cualquier comunero está legitimado para actuar en defensa del interés de la comunidad, siempre y cuando no lo haga exclusivamente en provecho propio o con la oposición de otros".

La jueza concluye que en el caso de "La Ruïna" ha habido "claramente" una "perturbación en la posesión de la finca" y, para ello, se remite a las declaraciones del inspector de los Mossos d'Esquadra que declaró en el juicio, quien lleva ocho años destinado al distrito de Sant Gervasi.

El inspector, añade la sentencia, explicó que se había intentado desalojar sin éxito a los ocupantes y añadió que la situación actual del inmueble "no permite al propietario ni vender ni alquilar ni utilizar el mismo dada la presencia de persona ajenas, que van fluctuando".

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona, lo que puede demorar la ejecución de la misma y, por lo tanto, el desalojo del inmueble.